Rehenes

Juan Mario Rodríguez. 

LA HABANA, Cuba, enero, (www.cubanet.org) -El gobierno cubano, vilipendiando la Declaración Universal de Derechos Humanos, mantiene secuestrados a cientos de personas que desean emigrar y tienen autorizaciones de varios países para residir en ellos. Para salir de Cuba es imprescindible que el Departamento de Inmigración del Ministerio del Interior conceda a los pretendientes un “permiso de salida”, aquiescencia a la que los nacionales han nominado con un sugestivo e irónico título: Carta Blanca. 

La Carta Blanca no es precisamente un funcionamiento solitario, sino un vermicular “as bajo la manga” que el siniestro Departamento de Seguridad del Estado (DSE) juega, según los intereses gubernamentales, contra opositores políticos y disidentes, familiares de desertores y, también, contra los especialistas de la salud y la educación que tienen la intención de emigrar de manera legal y segura; un perverso mecanismo que obstaculiza, de facto, el flujo migratorio, impidiendo que familias cubanas se reunifiquen a salvo del gulag comunista institucionalizado y perfeccionado en la isla por los liberticidas. 

El destino final de gran parte de los perjudicados por la negación de las “cartas blancas” es Estados Unidos de América. Allí radica la más numerosa y multigeneracional comunidad de todos los exiliados cubanos que se encuentran diseminados por el planeta.
Según información ofrecida por la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, el cierre del año fiscal 2008 arrojó que 238 personas autorizadas para residir en el norteño vecindario reportaron que no han recibido los permisos de salida, que el gobierno no otorga por diversas causas, con argumentos que, en tanto harto conocidos, no son asumidos por las autoridades -específicamente las de inmigración-, que se limitan a informar  a los afectados, ambiguamente, de la imposibilidad de viajar porque los “trámites no están terminados” o, simplemente, que “no viajarán por el momento”, como sentenciaron a éste comunicador el pasado año en la Dirección de Inmigración del municipio capitalino 10 de Octubre.  

Esta arbitraria política de estado ha sido rechazada abiertamente por el pueblo cubano, de tal manera que desde hace algún tiempo se rumora que será abolida. La más reciente demostración en su contra la protagonizaron, también el pasado año, once firmantes de una carta dirigida el 28 de julio a Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores, en la que acusaron al gobierno de violar sus derechos contemplados en los Artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la que la República de Cuba es miembro. Los opositores, acogidos por el Programa de Refugiados del gobierno de los Estados Unidos, no han obtenido una respuesta oficial – satisfactoria, hay que aclarar, porque algunos de ellos han sido cuestionados por oficiales del DSE-, aún cuando transcurrió el tiempo establecido (sesenta días) para tal efecto . Indudablemente el gobierno no puede perdonar semejante “atrevimiento”, según expresara el pasado 1 de octubre un funcionario del Departamento de Atención a la Población del MINREX. 

La Carta Blanca, más allá de la eterna polémica sobre la preeminencia del Derecho Natural sobre el Derecho Positivo, es un irracional instrumento que coarta elementales derechos humanos y, por tanto, sitúa a sus perpetradores –las autoridades cubanas- en una flagrante y abusiva posición de fuerza que no deben dejar de advertir el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y todos los que aman la justicia y la paz en éste mundo. 

Hablar de los rehenes de La Habana no es meramente la prerrogativa de unos pocos individuos inconformes a los que el gobierno cubano no les permite eludir supuestos formalismos que atañen a la seguridad nacional. En todo caso, los cientos de personas que permanecen en Cuba, podemos decir, de manera forzosa, privados de la posibilidad de rehacer sus vidas en otras tierras por la animadversión oficialista, forman un grupo real  cuyas decisiones tienen un enorme peso social, pero sobre el que penden serias amenazas, incluyendo, sin dudas, las posibles contra la integridad física.

El gobierno cubano usa a la ONU para presentar ante la Asamblea General propuestas de resoluciones contra el embargo mantenido por los Estados Unidos - acciones que en los últimos años han recibido el apoyo casi unánime del cónclave- y para articular en el país campañas propagandísticas -que se extienden allende la ínsula- contra los Estados Unidos. Sin embargo, cuando de las condenas que la extinta Comisión de Derechos Humanos emitió en su contra por más de quince años se trató, hasta que en el 2006 se convirtió en Consejo de Derechos Humanos, se pudieron constatar los intentos reiterados e infructuosos, por parte de La Habana, de minimizar el impacto de los resultados.

Además, no se permitió –descaradamente- la entrada a la isla de la Relatora Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la jurista francesa Christine Chanet. En una ocasión, enredado como siempre en sus propias palabras, el maestro de ceremonias del régimen (Pérez Roque) calificó con desatino a la repulsa de la comisión contra Cuba como una “victoria pírrica”. 

Así es como han funcionado y aún funcionan las cosas por acá, manipuladas siempre por los fracasados de la nomenclatura apoderada que reconocen, al menos, haber cometido algunos gazapos en los últimos cincuenta años. Probablemente incluyen entre ellos los miles de secuestros practicados en nombre de la justicia social, de la cual se erigieron paladines.

Hace algunos días un oficial del DSE obligó a una colega a mirar una lista con nombres de personas que, aseguró, no viajarán si son aprobadas como refugiados. De ésos y demás atropellos dialogaremos en otro momento.