En cuanto al arroz, prevalece Inteligencia
Lázaro Raúl González, CPI
HERRADURA, julio - Como fuera oportunamente informado a través de esta página, una Regulación conjunta del Ministerio de la Agricultura y del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil estableció como fecha tope permitida para la siembra de arroz el día 10 de
julio, de modo que el 21 de octubre no quedase un grano por cosechar en toda la provincia Pinar del Río. La disposición persigue el objetivo de privar de hospedaje al ácaro steneotarsonemus spinki, el que junto a su fatal compañero el hongo saroclaudio orizae han estado
causando estragos en las cosechas de arroz los últimos tres años.
La indicación conjunta de las entidades estatales, fundamentada en experiencias internacionales y avalada además por técnicos criollos tiene el propósito de, sacrificando el presente, garantizar un futuro bajo control fitosanitario. Pero, para millones de cubanos
-consumidores, productores, todos- el futuro está demasiado lejos y el presente demasiado malo, por lo que la medida generó un agrio debate, soliviantó los ánimos y condujo a una rebelión en ciernes.
Indudablemente presionado en algún lúcido momento, el Ministerio de la Agricultura se dio por enterado de la crítica actualidad alimentaria que por acá sobreabunda y dio luz verde a las autoridades sanitarias locales. Estas resolvieron prolongar las siembras hasta el
30 de agosto, lo que en la práctica significa la derogación de la Resolución conjunta del Ministerio de la Agricultura y del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.
La última decisión de las autoridades provinciales en sanidad vegetal no sólo denota un raro y aplaudible pragmatismo en materia económica; detrás de ella se adivina una deliberación política. ¿Quién podía ignorar la
impopularidad y lo inoportuno de una medida que condenaba a la reducción del 60 o el 70 por ciento de la producción arrocera privada, que es la que determina aquí las existencias y por ende los precios y el consumo?
En la provincia Pinar del Río la mayoría de los campesinos que tienen agua hacen dos siembras de arroz. La primera se realiza en marzo y se cosecha en julio; la segunda se efectúa en agosto y se cosecha en noviembre. Los que carecen de sistema de riego, que no pocos son,
hacen sus siembras a finales de agosto o principios de septiembre, ya que éste y octubre son los meses más lluviosos por acá. Para los que hacen dos siembras, la segunda es la más segura y productiva; para los que llevan a cabo sólo una, es la única posible.
Como fatal elemento complementario a la intensa sequía que últimamente azotó la región, una incrementada carestía de portadores energéticos ha dificultado y menguado sustancialmente la primera siembra del año. Según estimados oficiales
hasta el mes de julio sólo el 65 por ciento de las tierras dedicadas al cultivo de arroz pudieron ser sembradas. Por otro lado, el berrinche por el preciado granito no debe ser sacado del contexto general de carestía reinante hoy en Cuba donde tampoco abundan en la Isla la yuca, el
boniato, la malanga, ni soñar con maíz, trigo o soja. Sin carne, huevo, leche o pescado en cantidades siquiera decentes, el arroz, más que plato nacional (cuestión dietética) es plato imprescindible (cuestión de supervivencia).
¿Cómo privar entonces a los productores locales no ya el derecho sino deber de producir para un pueblo necesitado?
La medida conjunta del Ministerio de la Agricultura y de la Defensa Civil, que limita las fechas de siembra, es socialmente criminal aún cuando estuviese sobradamente justificada desde el punto de vista de la sanidad vegetal tanto más si se considera que, habiendo otras, desde el
principio se optó por la solución draconiana de limitar la siembra.
Vino a ser ahora (en el último momento), cuando ya la norma estaba siendo violada, que aparecieron alternativas viables y equivalentes, ya sean químicas o simplemente operacionales: destruir los rastrojos para privar al ácaro de hospedero; mantener una comunicación
fluida con el laboratorio provincial de sanidad vegetal; aplicar hidróxido de calcio, Mancozeb o Zineb, entre otras.
Para hacer un rescate completo de lo que pudo haber sido un dislate perfecto, ahora sólo falta que se inviertan los recursos necesarios en adquirir los fungicidas recomendados. La causa bien vale la pena. Mayor costo social, económico y político hubiese acarreado la
aplicación de la Regulación conjunta del Ministerio de la Agricultura y la Defensa Civil. ¡Viva la inteligencia!
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