Publicado el 24 de abril de 2001 en el
El Nuevo Herald
Piden al gobierno de EU que revoque la ciudadanía de presunto
torturador
Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart enviaron
ayer una petición al gobierno de Estados Unidos para revocar la ciudadanía
a un ex enfermero cubano que presuntamente torturó con electroshocks a
prisioneros políticos en Cuba.
En una carta dirigida al Secretario de Justicia, John Ashcroft, ambos
legisladores afirman que Estados Unidos tiene la obligación legal y moral
de asumir una postura firme e iniciar una acción contra Eriberto Mederos,
un refugiado cubano que trabajó durante años en el Hospital Psiquiátrico
de La Habana.
"En cumplimiento del compromiso de Estados Unidos de asegurar que los
torturadores sean llevados ante la justicia según la Convención
contra la Tortura, le pedimos a Usted que ordene al Departamento de Justicia la
revisión de la evidencia existente contra Mederos para revocarle la
ciudadanía y evaluar cualquier procedimiento judicial en representación
de sus víctimas'', indicó la misiva.
El inicio de la campaña para despojar de la ciudadanía al
enfermero cubano y procesarlo por crímenes contra la humanidad se produjo
en Miami durante un encuentro con la prensa en el que se escucharon además
los testimonios de víctimas de Mederos y de prisioneros políticos
cubanos.
"Tenemos evidencia para despojarlo de la ciudadanía'', dijo
Ros-Lehtinen. "No sólo con el testimonio de las víctimas,
sino también con la prueba de que mintió en la planilla de
naturalización N-400''.
La iniciativa de los congresistas cubanoamericanos se produce luego de que
la agrupación International Educational Missions (IEM), con sede en
Boynton Beach, Florida, denunciara la presencia en territorio de EU de unos 800
presuntos violadores de derechos humanos de diferentes nacionalidades, y abogara
por detenerlos y encausarlos.
Díaz-Balart dijo a El Nuevo Herald que es importante establecer
precedentes para el futuro de Cuba. "Los criminales y los torturadores al
servicio del régimen de Castro deben saber que no tendrán refugio
en Estados Unidos'', enfatizó.
El congresista agregó que ha hablado personalmente de esta situación
con el presidente George W. Bush.
"Que Mederos se haya convertido en ciudadano norteamericano obliga a
cuestionarse el tipo de proceso de naturalización que sigue el Servicio
de Inmigración y Naturalización (INS)'', señaló
Richard Krieger, presidente de IEM. "Y el caso de Mederos no es el único
en este país''.
Mederos, de 78 años, laboró como enfermero en el Hospital
Psiquiátrico de La Habana -conocido como Mazorra- hasta su retiro en
1980. Cuatro años después arribó a Miami y obtuvo la
ciudadanía en 1993.
En 1992 fue identificado en un hogar de ancianos de Hialeah, donde
trabajaba. Mederos admitió haber aplicado electroshocks por prescripción
médica, no como tortura.
Las autoridades del INS en el distrito de Miami declinaron comentar ayer
respecto al caso. Mederos no pudo ser localizado en la dirección de
Allapatah donde presumiblemente reside.
"Estuve treinta días [en 1968] en la sala "Carbó
Serbiá'' de Mazorra, donde me bañaban con manguera de agua a presión
diariamente a las 5 a.m.'', recordó el ex prisionero político José
Ros. "A los quince minutos venía Mederos y me ponía un cable
con corriente de alto voltaje''.
Manuel Hernández Cruz habló después en nombre de su
hermano Ramón, fallecido en 1993. "Mederos es un asesino, un
terrible asesino'', repitió Hernández en medio de sollozos. "Mi
hermano terminó sus días como un vegetal, a consecuencia de las
torturas''.
La Federación Mundial de Presos Políticos (FMPP) anunció
que está colaborando con IEM para documentar los casos de más de
600 cubanos que residen actualmente en Estados Unidos y que fueron víctimas
de torturas en Mazorra.
"Lo más dramático es que se trataba de personas, entre
ellos muchos adolescentes, a los que se les aplicó electroshocks
simplemente porque no eran simpatizantes de la revolución y eran
considerados locos'', dijo Eugenio Llamera, presidente de FMPP, radicada en
Miami.
Silencio sobre el rechazo del carguero de EU
Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald
Los motivos para que un barco mercante de EU fuera impedido de arribar al
puerto de La Habana el pasado sábado permanecen aún bajo un manto
de silencio, aunque fuentes en la isla atribuyeron la negativa a la "efervescencia
política interna'' del fin de semana.
La compañía Crowley Liner Services (CLS) se limitó ayer
a mencionar en un comunicado que "dificultades imprevistas'' impidieron el
arribo del carguero Orso a La Habana y admitió que "se requerirán
próximas conversaciones con el gobierno cubano antes del próximo
envío''.
Mark Miller, portavoz de la firma naviera, con sede en Jacksonville, declinó
entrar en pormenores sobre la situación y agregó que una vez que
las "dificultades'' sean resueltas, CLS realizará sus servicios
semanales entre EU y Cuba. "CLS espera plenamente que estos asuntos se
resuelvan en un futuro cercano'', concluyó.
Pero una fuente diplomática comentó el lunes a El Nuevo Herald
que la coincidencia del viaje del carguero con un fin de semana de alta agitación
política en la isla, resultó determinante para que se impidiera
tocar puerto al Orso. "Desde la perspectiva del gobierno, no era políticamente
recomendable que estuviera entrando en La Habana un barco con bandera
norteamerican al mismo tiempo que arreciaban las críticas contra EU y sus
aliados'', dijo la fuente, hablando en condición de anonimato.
Tras la votación adversa en la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU, el régimen castrista lanzó fuertes ataques contra el "imperialismo
yanqui y sus lacayos'' en concentraciones y por la prensa oficial.
El propio gobernante Fidel Castro había anunciado en su discurso por
el cuadragésimo aniversario de Bahía de Cochinos y anunció
que "el viernes comenzará el análisis profundo'' y que "mucho
será lo que tendrán que escuchar el imperio y sus secuaces''.
"Ha sido un fin de semana de incomparable efervescencia política'',
agregó la fuente.
El mercante de CLS había salido de Jacksonville el pasado jueves y
esperaba arribar a Cuba el sábado con un cargamente de ayuda humanitaria,
en lo que habría sido primer servicio martímo entre ambos países
en cuarenta años.
El pasado mes, CLS había obtenido permiso del Departamento del Tesoro
para llevar a Cuba cargamento de alimentos y medicinas, amparándose en la
brecha abierta por una reciente ley del Congreso.
Sin embargo, Cuba había criticado fuertemente la legislación,
advirtiendo que no compraría "ni una aspirina'' mientras no se
levantara íntegramente el embargo.
La Habana calla ante la no extradición de Posada
Associated Press. La Habana
Cuba se mantenía ayer en silencio ante la negativa de Panamá a
extraditar al anticastrista Luis Posada Carriles, descrito aquí como el "peor
terrorista del hemisferio'' y por cuya causa protestaron y marcharon miles de
cubanos.
El 17 de abril Panamá comunicó su negativa a Cuba, explicando
que se basaba en acuerdos internacionales sobre derecho internacional y en el
hecho de que Posada era ya objeto de un proceso judicial en aquel país.
La Habana, sin embargo, aún no revela públicamente su reacción
a la negativa, en un caso por el que el gobierno de Fidel Castro por meses
reclamó "justicia'', organizó multitudinarias
manifestaciones, e incluso mantuvo amargos enfrentamientos con presidentes de la
región.
En marzo, Cuba manifestó su preocupación por declaraciones de
la presidenta de Pa-
namá, Mireya Moscoso, afirmando que no creía que su país
extraditara a Posada a Cuba porque en la isla se le impondría la pena de
muerte.
A fines del 2000, al presentar a Panamá la solicitud de extradición
de Posada y otros tres hombres, las autoridades judiciales cubanas "se
comprometieron formalmente a que, de ser extraditados, los cuatro terroristas a
Cuba, no se les aplicaría la pena de muerte'', según ha dicho la
cancillería cubana.
Cuba acusa a Posada de ser el cabecilla de un complot para asesinar a Castro
durante la pasada Cumbre Iberoamericana, realizada en Panamá en
noviembre.
Ante la denuncia, formulada por el propio Castro al inicio de la Cumbre,
Panamá detuvo a Posada junto a Gaspar Jiménez, Pedro Remón
Rodríguez y Guillermo Novo, señalados por el gobernante cubano de
formar parte del supuesto complot.
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