No más
campañas, ¡libertad para los cubanos!
Orlando Prado Gómez / CubaNet
LA HABANA, octubre - Poco antes de la celebración del 28 de
septiembre -día de los Comités de Defensa de la Revolución,
organización pro gubernamental conocida por las siglas CDR- el régimen
de Fidel castro inició la campaña contra las ilegalidades, que
puede comprender actividades como vender croquetas, remendar zapatos o
chapistear viejos automóviles estadounidenses del siglo pasado.
En país donde la economía es férreamente monopolizada
por el Estado, único vendedor, comprador, exportador, importador,
contratista, dueño, entre otras cuestiones, no es de extrañar -y
lo ha demostrado la historia- que las relaciones entre el individuo y el Estado
sean parecidas a las de los sistemas coloniales o feudales.
El Estado cubano fija los precios de los productos, los salarios de los
trabajadores, decide qué importar, qué exportar, cuáles
servicios ofrecer a la población y cuáles no, qué comerá
la gente, qué puede expresar, qué debe decir... y el pueblo, es
claro, lleva la peor parte en este asunto.
Pero la historia no se puede borrar, y gracias a ella sabemos que la economía
de los Estados totalitarios frena el desarrollo de las fuerzas productivas
acarreando innumerables insatisfacciones a la población, como bajos
salarios, escasez crónica de productos y servicios. Problemas que el
hombre común, al verse imposibilitado de solucionar debido a la
incapacidad del régimen, tiene que resolver a través de la economía
ilegal, subterránea o "bolsa negra", como también le
llaman aquí, por la simple razón de que no puede renunciar a ella
a causa del sentido elemental de la sobrevivencia.
Esta economía ilegal se nutre, en la mayoría de los casos, del
único proveedor disponible: la economía estatal.
Cuando el cubano expresa "¿Qué voy a hacer? Tengo que vivir"
justifica la acción ilegal a la que fue compulsado indirectamente por el
propio Estado y que realiza aún a sabiendas de que es incorrecta, pero se
defiende invocando el legítimo derecho de sobrevivir que lo asiste tanto
a él como a su familia.
El solo hecho de iniciar la campaña, cuadra por cuadra, contra las
ilegalidades da la medida del divorcio paulatino del pueblo con el Estado. Es
como si el Estado acusara al pueblo del descalabro económico, cuando la
mayoría sabe que el desastre lo causaron quienes dirigen la nación.
Con campañas como ésta se humilla al cubano, que sólo
quiere prosperar y tener la oportunidad de darle a su familia mejor vida, que sólo
quiere trabajar y que le paguen lo justo por su esfuerzo, como le sucede a
millones de compatriotas exiliados en otros países.
El cubano necesita solamente cambios político-económicos que
le permitan desarrollar su iniciativa, no campañas en las que se le acuse
de ladrón, sin serlo.
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