La
ilegalidad como sobreviviencia
Claudia Márquez Linares, Grupo de Trabajo Decoro
LA HABANA, enero (www.cubanet.org) - En Cuba es imposible comprar una casa,
al menos por vías legales. El estado ha creado un engranaje de decretos
prohibitivos que imponen severas multas a los transgresores de las leyes sobre
la vivienda.
Aspectos tan simples como reparar una casa, dependen del consentimiento de
las oficinas municipales de la vivienda. En relación a las construcciones
por medios propios, según una fuente del sector, sólo están
entregando cemento, arena y otros, los ministerios del azúcar, la
construcción y el interior. Las personas que decidan construir deben
tener la documentación de los materiales en regla, otorgados por esas
entidades. Si no, corren el riesgo de que se les confisque la vivienda.
Por otra parte, a pesar de que las autoridades aseguran que en la Isla la
mayoría de los jefes de núcleos familiares son propietarios de sus
casas, existen fuertes impedimentos para que éstos puedan incorporar
nuevos residentes a su domicilio, lo que provoca que muchas personas no puedan
legalizar su situación, sobre todo cuando se trasladan de una provincia a
otra. Según fuentes del ramo, aproximadamente 200 mil personas viven
ilegalmente en los 18 municipios de La Habana.
A pesar del control que ejerce el estado sobre la venta de los materiales
para construir, la adquisición de éstos es posible en el mercado
negro. Es a través de esta vía que muchos cubanos construyen sus
viviendas ilegalmente.
Según el Departamento del Censo de Población y Vivienda, el número
de las no registradas asciende a 400 mil.
Es evidente que el afán del estado cubano por controlarlo todo
perjudica al ciudadano que no pertenece al sector que vive de los méritos
y otras prebendas.
Monopolizar el derecho que tiene toda persona a tener una vivienda decorosa
es una afrenta contra la libertad individual. No por gusto los cubanos
encuentran en la ilegalidad una manera de salir de la pobreza.
Esta información ha sido transmitida por teléfono,
ya que el gobierno de Cuba no permite al ciudadano cubano acceso privado a
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