Nuevo aporte a la criminalística (II parte. Final)

René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) - Los argumentos empleados por las autoridades para tapar el sol con un dedo han sido diversos, pero todos apuntan en la misma dirección. Como —aunque parezca increíble— el dictamen emitido por el LCC no le había bastado a  la Fiscalía para disponer la libertad del reo, el defensor pidió la realización de un nuevo peritaje en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el de Ingeniería Molecular, el Laboratorio anti doping o cualquier otro de los centros en los que se realizan pruebas de ese tipo. Las autoridades de instrucción, reacias a todo lo que huela a pluralismo, rechazaron la petición y la queja subsiguiente.

El propio abogado propuso en tiempo y forma que concurrieran al juicio oral los especialistas del LCC que habían practicado el peritaje, así como un profesional tan poco sospechoso de incompetencia o parcialidad como el ya mencionado Dr. Jorge González. Éstos no fueron escuchados en ese acto judicial, pese a la protesta del defensor. Quien sí se prestó a concurrir al juicio fue una capitana del Ministerio del Interior, citada de oficio por el Tribunal Provincial.

Obviamente, el objetivo de la presencia de esta agente era tratar de que desvirtuara los concluyentes resultados del examen de ADN, en cuya realización ella no había participado. Ese objetivo se cumplió a cabalidad, por lo que ante ese órgano de justicia (de algún modo hay que llamarlo) se abrió la posibilidad de sancionar al acusado a 20 años de prisión, como ciertamente lo hizo. Para ello —desde luego— había que desestimar también las declaraciones de varios testigos presenciales (pues el presunto delito de Ramos Utra había tenido lugar en pleno día, en una casa de familia en la que había otras personas); esto lo hizo igualmente el Tribunal Provincial de Las Tunas, aduciendo que en las declaraciones de aquellos “se observa el marcado interés de favorecer al acusado”. Aquí cabe el comentario de que ciertamente se trata de parientes del reo. ¡Por eso precisamente era que se encontraban allí, en la supuesta escena del crimen!

Para que la sentencia sancionadora quedara firme y se consumara el atropello, faltaba otro trámite: El argumentado recurso de casación presentado por el Lic. Pérez Ricardo tenía que ser desestimado por el Tribunal Supremo. Así se hizo, con lo cual esta corte superior dio el visto bueno a todos los desaguisados de su subordinada tunera. Las solicitudes de revisión presentadas han corrido la misma suerte.

¿A qué se debe este ensañamiento con Rafael Ramos Utra? Aquí sólo podemos entrar en el terreno de la especulación. Son de sobra conocidas las rencillas que suelen producirse en los centros de población relativamente pequeños, lo que refleja el refrán: “Pueblo chiquito, infierno grande”. Además, revisando la sentencia, observo un dato que pudiera tener relevancia: este ciudadano poseía antecedentes penales: dos por delitos “de personas decentes” (abuso en el ejercicio del cargo y malversación), y otro por un delito contra la Seguridad del Estado. ¿Vendrá por ahí la cosa?