Miriam Leiva
LA HABANA, Cuba, julio (www.cubanet.org) - A Hugo Chávez le está pasando como a la Cucarachita Martina, que “cayó en la olla por la golosina de la cebolla”. Como todo buen dictador quiere controlar y mandar en todo.
Como dueño y señor confisca para acabar con la “nociva propiedad privada”, para distribuir entre la gente. Pero Robin Hood no era un caudillo latinoamericano, ni estableció un ineficiente Estado, asentado en la corrupción venezolana y la incompetente burocracia cubana. El caos económico, político y social, resultado de 51 años de voluntarismo, no basta al totalitarismo isleño; es exportado a Venezuela, para agudizar la crisis del financista incondicional que lo mantiene.
Un gran escándalo por los cientos de miles de toneladas de alimentos putrefactos diseminados por el territorio venezolano parece vinculado a la “colaboración” de directivos cubanos. Según las informaciones, Bárbara Castillo pasó de ministra de Comercio Interior –regidora del magro racionamiento con 48 años de longevidad, y vitalidad de un anciano centenario - a secretaria ejecutiva del Centro Nacional de Balance de Alimentos (CENBAL), a cargo de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. Los asesores cubanos determinan los productos que compra el gobierno venezolano en el exterior mediante Bariven, y se comercializan por la red de mercados PDVAL, ambas filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA); mientras deben haberse descargado en los puertos por la empresa cubano-venezolana Boli-Puertos.
Como se recordará, el Presidente Chávez ha confiscado tiendas, almacenes, puertos, equipos, transporte, y nombrado a directivos que recuerdan a los interventores de la década de 1960 en Cuba, con escasos o nulos conocimientos y experiencias en la dirección y administración de las entidades. Por el Caribe no hubo grandes escándalos de putrefacción, pues bien pronto los alimentos escasearon y usualmente la Unión Soviética y sus afines enviaban los enlatados, que no cubrían todas las necesidades.
Seguramente los especialistas cubanos, ahora en Venezuela, nunca se vieron con posibilidades de ordenar compras por sí mismos, ni distribuir grandes cantidades de alimentos. Las toneladas deben haber sobrepasado su inteligencia y capacidad organizativa. Sobre todo, no han tenido oportunidad de tomar decisiones, ejercer el trabajo de equipo; delegar responsabilidades y escuchar criterios, fundamentalmente si son distintos a los que se quiere oír. ¡Demasiado poder para la incompetencia!
La inscripción en el registro de consumidores en Cuba es más importante que en el libro de nacimientos. La libreta de racionamiento es el primer documento que recibe cada cubano al nacer. Sin ella no se puede comprar el litro de leche diario que recibirá el niño hasta los 7 años; sin un certificado de nacimiento se vive. La Sra. Bárbara Castillo reinó durante muchos años sobre la inmensa red burocrática de OFICODA (oficinas comerciales de distribución de alimentos), las “trapishoppings” (red de tiendas que venden ropa usada en moneda nacional) y algunos establecimientos que comercian solamente en moneda nacional. Ni siquiera dispuso de las tiendas de venta en divisas.
El ALBA está permitiendo sobrevivir a un sistema incapaz de alimentar al pueblo cubano porque no utilizó la inmensa subvención de cinco décadas en crear capacidad productiva, y sí destruyó la poca existente. El retroceso en Cuba es escandaloso, cuando debe importarse el 80,0% de los alimentos necesarios para mal comer, pero las pocas exportaciones no cubren las divisas requeridas para hacerlo.
Cuba está tan pobre, que en los últimos años ha recibido donaciones de arroz de Vietnam, y el pasado junio de Bolivia. Si las reformas “estructurales y de concepto” no se aplican pronto, posiblemente no esté lejano el día en que Haití también haga “aportes solidarios” a los cubanos. |
