El gobierno se cruza de brazos

Reinaldo Cosano Alén, Sindical Press

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Cuando el 13 de marzo de 1968, al calor de la llamada “ofensiva revolucionaria” el gobierno expropió más de 50 mil pequeños negocios –antes había confiscado los grandes-, no sólo se estaba echando encima la pesada carga de administrarlos bien, sino que fue como soltar el enorme elefante del cuento sobre la frágil cristalería de la economía interna.

El bodeguero, uno de los tantos perjudicados, pasó de dueño a empleado estatal de su propio establecimiento.

Rosa Montero, de 90 años, residente en el municipio Centro Habana, expresa: “El muy descarado bodeguero me tumbó una libra y media de azúcar de la cuota que me toca mensualmente. Me quejé en la zona de comercio y gastronomía y como si nada, porque son la misma gente. El gobierno se cruza de brazos, así como así”.

La plaza de bodeguero, mucho más si se trata de comercios que venden en moneda convertible, resulta uno de los puestos de mayor demanda, a pesar del bajo salario, y la exigencia de estar integrado a las organizaciones revolucionarias y poseer el grado doce de escolaridad.

Jorge Milián, residente en Guanabo, declaró a Sindical Press:

“Somos cuatro en el núcleo familiar: las niñas, mi esposa y yo. Cuando hice las compras del mes, noté que el peso del arroz no era el correcto. Lo pesé en otro lugar y le faltaban tres libras al paquete. No son onzas las que nos quitan, sino libras. ¿Quién está a salvo del atraco?”.

Las libras que quitan a unos y otros forman el “fondo de mercancías de la bodega al que acude el cliente furtivamente a comprar más arroz cuando se le termina la cuota del mes.

El precio subvencionado del arroz es de 25 centavos la libra, pero en el comercio subterráneo de las bodegas cuesta cinco pesos, mientras que en el mercado paralelo estatal el precio es de 3 pesos con 50 centavos.

Un reclamo general del público, y una promesa del gobierno, es que una mayor cantidad de artículos se vendan ya empaquetados de fábrica, como sucede con el café molido, la sal y los espaguetis.

Los refrescos, el ron, la cerveza se venden en sus respectivos envases, o a granel, lo que facilita el robo al cliente.

La situación de atraco es también escandalosa en los establecimientos minoristas de productos agrícolas y cárnicos. En algunos, el gobierno fija precios topes, pero esto no se cumple pues no se respeta el listado de precios.

El robo a la hora de pesar los productos se multiplica en todas partes, y el estado sólo responde en ocasiones con tibias medidas, lo que incita a continuar estafando al público. Si el consumidor saca en el establecimiento una pesa de mano para comprobar si no lo están robando, el vendedor, ofendido, forma tremenda bronca al cliente, o por lo menos se burla de él.

Orlando Monet, residente en el municipio Guanabacoa, comenta: Conozco las interioridades de estos negocios porque tuve un puesto de venta de maíz molido en el mercado  de Taca, en la carretera de Santa María. Los inspectores exigen contribuciones en dinero y mercancías, y nos acribillan con multa por cualquier bobería. Pero que se robe en las pesas parece no importarles. No recuerdo que hayan hecho alguna vez comprobaciones de balanzas, pero una vez me decomisaron el molino de maíz y los recipientes. Me procuré otros y seguí trabajando, hasta que finalmente fui obligado a retirarme del mercado por ser opositor al régimen”.

Joel, un joven de 24 años cumple una sanción de cuatro años en un centro correccional, interno, por “enriquecimiento ilícito”. “¿Derechos y deberes del consumidor? –reflexiona-. Puro cuento. ¿De qué sirven? El estado tiene los medios para hacer coincidir lo legal con lo real. A veces se puede leer alguna crítica en la prensa, y todo se plantea en las reuniones de vecinos. ¿Y qué? El gobierno, que es dueño de todo y todo lo controla, ¿por qué no actúa con energía y se cruza de brazos?”.