MAYABEQUE.- Una estela de multas y decomisos de mercancías es el resultado de los operativos policiales que, en la última semana, se concentran en impedir el paso de los intermediarios de productos agrícolas hacia los puntos de venta en la capital.
Según informa Lázaro Pita, intermediario que reside en la provincia, las principales arterias que conectan con La Habana se encuentran custodiadas por patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que detienen para inspección cada vehículo particular cargado de alimentos agrícolas.
En el municipio Batabanó, a la salida del poblado La Julia, destaca Pita que esta madrugada fueron interceptados nueve vehículos que transportaban viandas rumbo a los mercados capitalinos.
“Fue histórico. Hubo gente que le decomisaron todo y perdieron más de 30 mil pesos de un golpe. A otros le bajaron quintales y quintales de productos, y por si fuera poco las multas de cuatro y cinco mil pesos llovían. A mí me quitaron once quintales de frijol colorado y cuatro de malanga, encima me sonaron 3 800 de multas”, relata Pita.
Explica que “el negocio de los intermediarios” funciona a discreción, “a conveniencia del gobierno”, quien no autoriza la licitación para que se conviertan en otra figura del trabajo por cuenta propia.
“Cuando tienen (el gobierno) problemas de desabasto o por cualquier otra cuestión, se hacen los de la vista gorda y dejan vender. Si cambian las circunstancias, como no tenemos papeles para ejercer, quedamos a merced de lo que quieran hacer”, expuso.
Raidel Estévez, estibador en el camión de un intermediario, indicó que para evadir la persecución están teniendo que pagar mayor cantidad de sobornos para conocer de antemano los horarios y lugares donde se realizarán los operativos.
Refiere Estévez que para efectuar los decomisos, las autoridades señalan que los intermediarios negocian con alimentos no permitidos por formar parte de la dieta que se entrega de manera mensual en la canasta básica.
Sin embargo, describe, desde que se anunció la normativa de precios topados para los productos agrícolas en los mercados estatales, ha ido en aumento la presión sobre el sector particular para que se sincronice con dicha regulación.
“Empezó con el cierre de El Trigal (mercado mayorista de productos agrícolas). Luego le fueron arriba a los carretilleros hasta sacarlos de la calle. Con los intermediarios empezaron prohibiéndonos vender a los carretilleros, más tarde querían que tampoco a los demás establecimientos de oferta y demanda. Y ahora todo esto de los decomisos”, destaca.
Desde la perspectiva de Estévez, “quieren eliminar la competencia y que nosotros obligatoriamente los surtamos a precios regalados. El asunto es que bajaron los precios y ahora mismo no tienen cómo responder a la demanda”.