LA HABANA, Cuba.- En el año 1993, en el contexto de las medidas adoptadas para paliar la crisis del período especial, los gobernantes cubanos convirtieron en cooperativas buena parte de las tierras que pertenecían a las granjas estatales. Surgieron así las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Aunque las tierras seguían siendo de propiedad estatal, esa transformación pretendía fortalecer el sentido de pertenencia de los obreros agropecuarios, lo que debía de redundar en un aumento de la producción de alimentos.
Desde un principio quedó establecido que un elemento esencial para el éxito de las UBPC era que gozaran de autonomía en su gestión. Una autonomía que debía de permitirles la organización interna de la producción, seleccionar la fuerza de trabajo colectiva y contratar trabajadores temporales, concertar créditos bancarios, así como aprobar la forma y cuantía en que se repartirían las utilidades entre los asociados.
Sin embargo, diecinueve años más tarde los resultados del experimento dejaban mucho que desear. Varias UBPC habían desaparecido debido a su irrentabilidad; otras sufrían de un éxodo de sus asociados; mientras que la ansiada autonomía no se materializaba.
En esas condiciones, a fines de 2012 se puso en práctica un nuevo Reglamento General, contentivo de 17 medidas con vistas a aumentar la eficiencia productiva de las UBPC, además del logro de la cacareada autonomía. Entre otros acuerdos, se estableció que las UBPC podrían comercializar libremente las producciones no contratadas con el Estado, así como también sus excedentes productivos; se diseñó un programa emergente de capacitación dirigido a los directivos y las Juntas de Administración de estas entidades; se determinó que las UBPC fueran exoneradas del pago del impuesto sobre utilidades por un período de cinco años, y además les fueron condonadas sus deudas con el fisco, las que ascendían a varios millones de pesos.
El interés de las autoridades por revitalizar a las UBPC se explicaba, además, por el peso que tenían —y tienen— en la utilización de las tierras del país. De acuerdo con el “Panorama Uso de la Tierra. Cuba 2014”, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), las UBPC poseían el 30,8% de las tierras cultivadas de la isla, por encima del 22,4% de los usufructuarios de tierras ociosas, del 18,6% de las entidades estatales, del 17,6% de los propietarios privados, del 10,1% de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), y del 0,5% de las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS).
Mas, al parecer, aún no se ha encontrado la manera de encauzar exitosamente el trabajo de estas entidades. Según cifras acabadas de publicar por la ONE en el acápite “Sector Agropecuario. Indicadores Seleccionados”, al cierre del período enero-junio de 2016, las UBPC decrecían en las producciones de 11 de los 12 indicadores seleccionados con respecto a igual período de 2015.
Esta reseña no estaría completa si dejáramos de apuntar que el citado Reglamento General de 2012 estableció que a partir del año siguiente las cifras del plan de la economía nacional serían desagregadas hasta el nivel de las UBPC. Eso significaba que el Estado podría decidir qué producía cada una de ellas, y en qué cuantía, así como lo que debían destinar para vender a las entidades comercializadoras del gobierno, y a los precios que fijaran estas últimas.
Tal vez por ahí haya que buscar las causas de la enfermedad crónica que padecen estas UBPC.