MIAMI, Florida, septiembre, 173.203.82.38 -Desde hace algo más de diez años una reiterada consigna lanzada desde La Habana recorre el mundo: “liberen a los cinco”, en alusión a igual número de personas procesadas y condenadas bajo cargos de espionaje y otros crímenes por tribunales de Estados Unidos.
Los cinco espías cubanos integrantes de la Red Avispa, junto a otros agentes de la inteligencia castrista que lograron escapar de las autoridades o colaboraron con éstas durante las investigaciones, tenían la principal misión de infiltrar puntos muy sensibles del sistema defensivo estadounidense e incluso identificar zonas costeras por donde desembarcar armas y explosivos.
En el registro practicado a las viviendas de los espías, las autoridades encontraron numerosas pruebas que fueron presentadas durante los juicios como evidencias irrebatibles de sus ilícitas actividades. El criterio fue unánime a la hora de dictar el fallo condenatorio: culpables.
La propaganda diseñada por el régimen cubano posee argumentos ridículos e insostenibles al afirmar, por ejemplo, que la ciudad de Miami no debió ser el lugar más apropiado para celebrar las audiencias o que tanto los jueces como los fiscales y miembros del jurado se vendieron a oscuros intereses políticos.
Para nadie es un secreto que en Estados Unidos el Poder Judicial es independiente del resto de los Poderes del Estado y que a pesar de sus múltiples incongruencias y deficiencias, la justicia en este país no responde a espurios intereses ideológicos ni partidistas. En Estados Unidos absolutamente nadie está por encima de las leyes a diferencia de Cuba donde existe un solo poder, una sola ideología y un solo partido político.
El régimen cubano posee el repudiable privilegio de contar con un aparato judicial supeditado a intereses ideológicos en el cual jueces, fiscales y abogados no cuentan con la necesaria independencia a la hora del examen y la sentencia. Cuba responde al viejo esquema de los países sometidos al estalinismo: los acusados de un delito siempre son presumiblemente culpables. En Cuba el proceso de instrucción constituye una prerrogativa de los cuerpos represivos y los juicios son sencillamente caricaturescas formalidades con las que se enmascaran las más increíbles arbitrariedades. Tal vez por eso la propaganda castrista insiste en demandar del Presidente de Estados Unidos su intervención en el caso de “Los cinco”, inspirándose en las prácticas de la legislación cubana donde lo que actúa, vale y predomina es el ordeno y mando.
Debido precisamente a la arbitrariedad y el hermetismo de aquel sistema no es posible precisar con exactitud cuántas cubanas y cubanos han sido enviados a las más de trescientas prisiones durante los últimos cincuenta años. Algunos estudios sitúan la cifra en cerca de cinco millones, es decir casi la mitad de la población de la Isla, cuyas condenas se impusieron bajo un abultado y absurdo Código Penal donde aparecen figuras delictivas tan irracionales e imprecisas como “propaganda enemiga”, “estado pre delictivo”, “desacato al Comandante en Jefe” y un inmenso etcétera.
Exigir la liberación de “Los cinco” supera cualquier criterio jurídico porque hasta sus propios propagandistas y defensores saben que el espionaje, más allá de sus implicaciones éticas y legales, constituye un delito reconocido por el derecho internacional.
¿Con que moral puede el régimen cubano demandar el excarcelamiento de un grupo de espías convictos y confesos mientras en las calles de la Isla se atropella a indefensas mujeres y se reeditan los más abominables atropellos medievales? ¿Bajo qué precepto moral puede exigir equidad un régimen que ha fusilado a miles de cubanos y enviado a la cárcel a periodistas, poetas, bibliotecarios y defensores de los derechos humanos?
Someta el régimen cubano sus crímenes a una evaluación legítima, tanto desde el punto de vista histórico como moral. Reconozca las masacres del Remolcador 13 de Marzo, del Rio Canimar, del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Desempolve los expedientes de los inocentes enviados a los paredones de fusilamiento y reivindíquelos, pida perdón a las viudas y los huérfanos. Examine su intervención en América Latina y otras regiones del mundo y sienta compasión por los muertos, los desaparecidos y los mutilados. Acepte su responsabilidad por las personas que fueron enviados a los campos de concentración de la UMAP.
Y libere a los doce millones de seres humanos que permanecen como rehenes suyos porque ese es el único medio de aplicar la justicia.