MIAMI, Estados Unidos.- El legislador republicano Rick Crawford, del estado de Arkansas, ha propuesto incluir en un nuevo proyecto de ley el cobro del 2 por ciento de las ventas agrícolas a Cuba para pagar a quienes posean reclamaciones certificadas por propiedades confiscadas tras las revolución de 1959 en la isla.
Informa El Nuevo Herald que esta sería una “solución elegante” que podría poner fin a la batalla legal en el Congreso estadounidense entre legisladores de estados agrícolas y los congresistas cubanoamericanos que se oponen a la concesión de créditos en el comercio agrícola con el país comunista.
“Sabemos que hay un número significativo de cubanoamericanos que fueron afectados porque les robaron sus propiedades durante la revolución. Hemos llegado a un plan en el que ellos serán compensados y eso es un componente esencial de la legislación”, dijo Rick Crawford al diario miamense.
Según el legislador, “cada transacción tendrá una tarifa especial de un dos por ciento que será colectada y se les administrará a través del Departamento del Tesoro a los que posean reclamaciones certificadas”.
Existen más de 6000 de estas reclamaciones, para un total de 8 mil millones de dólares adeudados a empresas y ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, miles de reclamaciones de cubanoamericanos no están certificadas.
El proyecto de ley propondría eliminar las restricciones al financiamiento de exportaciones de alimentos, así como productos lácteos y otros productos agrícolas a Cuba.
En la actualidad es posible exportar dichos productos pero solo pueden ser pagados al contado. El proyecto de ley autorizaría a ofrecer créditos privados y contaría con el apoyo del Secretario de Agricultura Sonny Perdue, según expresó en una audiencia ante el Comité de Agricultura de la Cámara el pasado 17 de mayo.
El legislador dijo que había trabajado estrechamente con sus colegas cubanoamericanos en el Congreso y tratado de ser “respetuoso de sus sensibilidades”.
“Estamos tratando… de hacer algo que sea significativo no sólo para los agricultores estadounidenses, sino también para los cubanoamericanos. Creemos que hemos llegado a una solución muy elegante para ambos problemas”, agregó.
Sin embargo, si bien el congresista Mario Díaz-Balart está en la mesa de negociaciones, por su parte todavía “no hay un acuerdo”, según una vocera de su oficina.
Por otra parte, el gobierno cubano podría no ver con agrado pagar por las confiscaciones a propiedades, uno de los temas más espinosos de las negociaciones bilaterales desde que la anterior administraciones presidencial estadounidense y el régimen castrista iniciaran negociaciones en diciembre de 2014.
Crawford aclaró que no estaba intentando “escribir este proyecto de ley para satisfacer el régimen cubano”.