CAIBARIÉN.- Amador Blanco Hernández (Caibarién, 1949), graduado de Licenciatura en Historia por la Universidad Central Marta Abreu (1975), ha concedido declarar públicamente su descontento acerca de personales inquietudes y alarmas que ya son noticia en otras fuentes, sobre de la dispar repartición que la Iglesia católica hace en el territorio de la ayuda internacional para agraviados naturales y que la institución canaliza.
La honesta sacralidad a la que insta el denunciante creyente de la orden a la que él pertenece —frente a la corrupción que ha permeado en el funcionariado igualmente intermediario al del ámbito gubernamental—, se ha erigido en esencia de su defensa para con los pobres y desamparados.
Quejas recibidas de primera instancia por personas afectadas con daño total o parcial en sus viviendas, hábitat y vidas, algunos miembros de congregaciones diversas y plurales que deben ser asistidos independientemente de pertenencia, raza o credos, portan evidencias de injustas prioridades otorgadas por el obispado en Villa Clara a personas menos necesitadas en los lugares más castigados por el fenómeno Irma. La curia local, que acciona estas políticas de entrega y control dosificado en cada municipio de la provincia, se encuentra representada en esos rangos de elite por desinformados e irresponsables en las medianas jerarquías episcopales.
En su perfil en Twitter, Amador publicó esta semana recién pasada el siguiente comentario: “Dios es ayuda, cristianismo familiar y social. La Iglesia católica, en la distribución de las donaciones, tiene que utilizar los parámetros internacionales y de auxilio de la Cruz Roja para damnificados y personas en situación de vulnerabilidad. Obispos, sacerdotes y laicos deben de verificar con equidad y transparencia la recepción/distribución humanitaria, desterrando toda complacencia u olvido, en contacto directo con los sufridos. Los que no tengan a nadie que los defienda, tienen a Dios como Padre y Salvador”.
El profesor, fundador de la Comisión de DDHH José Martí Pérez (1989), quien fuera expulsado en 1983 del Instituto Pedagógico Félix Varela donde enseñaba su asignatura —por el acto inexcusable de demostrarle a los alumnos que Yosef Stalin fue un dictador y asesino—, y que cumplió tres años de prisión entre 1992 y 1995 por una causa común que reconocen todos como falsa y manipulada por la Seguridad del Estado en pos de silenciarlo, es ferviente defensor de una ética solidaria y del diálogo abierto desde mucho antes con todos los cubanos, esa misma norma inclusiva que hoy parecen haber olvidado.