MIAMI, Estados Unidos.- Algunos artistas cubanos, preocupados por la pronta implementación del Decreto No. 349/2018, que establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, han convocado a un debate público sobre este decreto, los días 1ro y 2 de agosto de 2018, según una nota publicada por Martí Noticias.
Luis Manuel Otero y Yanelis Núñez, los promotores de esta iniciativa, habían presentado anteriormente otras propuestas contestarias como el Museo de la Disidencia en Cuba y la Bienal de arte alternativa #00Bienal. En entrevista con Radio Martí informaron que el evento tendrá lugar en la Calle Damas 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto, La Habana Vieja.
Entretanto, numerosos activistas del exilio han respaldado el llamado a protestar contra el Decreto firmado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el pasado 20 de abril, como Amaury Pacheco, del colectivo Omni Zona Franca; Alina Guzmán, fotógrafa y productora; el actor René Rodríguez; el grupo de reggae Estudiantes sin Semilla, Perséfone Teatro de Adonis Milán, la artista Sunya de Mattos.
Por otro lado la abogada Laritza Diversent, fundadora de la acosada consultoría jurídica independiente Cubalex, apoyó la acción y consideró que el decreto “violenta el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones artísticas de que sea autora, el derecho a la indispensable libertad para la actividad creadora, el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, el derecho al trabajo libremente escogido, remuneración y nivel de vida adecuado”.
La convocatoria ha sido respaldada en redes sociales por numerosos creadores y promotores culturales; y usando la etiqueta #ApretaderaInstitucional los activistas llaman la atención sobre las restricciones que impone la nueva ley que, entre otras medidas, regula la contratación de artistas, la venta de obras de arte, la exhibición de contenidos audiovisuales que contengan violencia, pornografía, el “uso de los símbolos patrios”, y castiga el uso de lenguaje sexista o vulgar, entre otras reglas.