LA HABANA, Cuba. – Un sorprendente titular de CubaNet nos informa sobre la última disposición dictada dentro del ineficiente sistema comercial cubano: “El régimen autoriza que se tomen fotos dentro de las tiendas estatales”.
La asombrosa noticia reproduce una invitación que los burócratas del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), empleando la neolengua castrista más castiza y ajustándose de manera estricta a los postulados propagandísticos en boga, formulan a quienes visitan esos centros: “Todos los clientes, haciendo uso de sus derechos como consumidores, están autorizados a tomar fotografías de los precios y artículos”.
De tal manera se ha puesto fin a una más de las arbitrarias prohibiciones impuestas por un régimen imbuido de una indeclinable vocación totalitaria. Si esta última, en los tiempos actuales, no se materializa de manera más plena, es sólo por el creciente rechazo al lamentable estado de cosas que impera en el país. Un repudio que es exteriorizado por los cubanos de a pie de manera cada vez más abierta y hasta descarada.
En un país normal, rige un principio de derecho como el que aparece plasmado con claridad —es sólo un ejemplo— en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución del Paraguay: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe”.
En Cuba y otros países del marxismo-leninismo no. Aunque tal barbaridad no está recogida en texto legal alguno, cualquiera diría que aquí impera otra regla diametralmente opuesta: “Sólo se puede hacer lo que está expresamente autorizado. Lo que no está prohibido, es obligatorio”.
Partiendo de premisas absurdas como ésas es que cualquier burócrata de ínfima categoría se considera en el derecho —y aun el deber— de ordenar o aplicar una prohibición como la que ahora acaban de levantar.
Una mujer que —digamos— quisiera tomar fotos de las distintas telas que se encuentran a la venta para mostrárselas a su mamá postrada y de ese modo permitirle a ésta escoger su color o dibujo preferido, debía enfrentarse a la interdicción absurda.
Pero no sólo los particulares resultaron afectados. Recuerdo haber visto meses atrás, en la Televisión Cubana, una información de la colega Talía González —comunicadora de gran valimiento e influencia, debidos no sólo a su simpatía y competencia, sino sobre todo a su cercanía al actual mandamás— quejarse de las imposiciones que le impedían realizar un reportaje sobre las tiendas estatales. Ha habido que esperar un buen tiempo —insisto—, pero en definitiva la situación parece haberse resuelto.
Todo indica que, en el logro de ese resultado feliz, ha incidido el relativo auge que en los últimos tiempos han tenido —también en Cuba— las redes sociales y lo que el comandante Ramiro Valdés calificara en su tiempo como “el potro salvaje del internet”.
Pese a la prohibición, la gente seguía tomando fotos de manera subrepticia. Así sucedió con la de un turrón español puesto a la venta en una tienda apartada durante las pasadas Navidades. Esto, al equivalente de más de diez dólares (¡en un país en el que veinte mensuales se considera un ingreso bueno!). Una señora, escandalizada, capturó esa imagen en su teléfono móvil y se la mostró a los muchos que tuvieron interés en verla (yo incluido)
Ahora los castristas aspiran (y así lo plasmó el plumífero que redactó la torpe información del MINCIN) a que los ciudadanos, en lugar de recurrir a las redes sociales, se conviertan en chivatos e informen a las autoridades para que éstas “tomen las medidas disciplinarias correspondientes”.
“Esta Gente” continúa convencida, pues (y lo demuestra con sus actos), de un sinsentido: que las condenas penales y las sanciones administrativas son la vía idónea para solucionar los problemas sociales.