LA HABANA, Cuba. – “Sientes que has liberado toda una energía de dolor, del silencio de mucho tiempo”. Estas son las palabras utilizadas por Víctor Pérez Martínez para describir su experiencia personal, durante y después de la protesta pública que llevó a cabo por la liberación de su esposa, en los predios del capitolio habanero.
Tres días de protestas callejeras fueron suficiente para lograr la liberación de María Julia Castillo, la madre de sus hijos; arrestada sin pruebas por el delito de Hurto, en franca violación del procedimiento legal cubano durante la detención.
A Víctor no le fue difícil llevar a la práctica su derecho de protestar públicamente. La injusticia cometida contra su esposa, el maltrato de la policía y el silencio que sostuvo por muchos años fueron suficientes motivos para plantar su protesta en un pedazo de calle, primero de su natal Pinar del Río y luego en La Habana.
“Es un derecho que tenemos todos de expresar nuestro desacuerdo con algo, ya sea en grupo o de forma individual, como lo hice yo”, afirma el pinareño, quien asegura conocer las consecuencias de la represión política para quienes protesten públicamente.
El gobierno cubano le impone a la historia su llegada al poder en 1959 como el inicio de las libertades sociales en la Isla. Sin embargo, la memoria histórica que pretende borrar describe que desde 1901 el pueblo gozó del derecho constitucional de reunirse o asociarse. Comenzaba el camino de la República hacia la democracia. Así, el Artículo 37 de la Constitución de 1940 garantizaba el derecho de los ciudadanos a “reunirse pacíficamente, y el de desfilar y asociarse”.
Todos los ciudadanos cubanos organizados en fuerzas políticas o no, dispusieron de estos derechos para protestar contra los gobiernos que precedieron al régimen actual.
Sin embargo, una vez establecido en el poder el Partido Comunista de Cuba (PCC), la misma hoz y martillo que sirvieron de símbolo para reclamar los derechos del proletariado, fueron utilizadas para cortar y aplastar el derecho a cualquier tipo de manifestación discordante.
Así quedó escrito en el Artículo 54 de la actual Constitución, donde el derecho de manifestación queda a merced de la voluntad de organizaciones oficiales y progubernamentales, a las que debe estar afiliado el ciudadano para poder ejercer el derecho a manifestarse públicamente.
La protesta de Víctor Pérez por la liberación de su esposa rompió ese sometimiento para expresarse de forma individual. Quizás la individualidad fue la suerte que corrió el pinareño para no ser acusado, hasta el momento, por el delito de Desorden Público.
Esta es la figura penal más utilizada para sancionar las protestas, aun cuando se respete el orden social. Porque no es el acto en sí mismo lo que se reprime, es la idea que lleva al ciudadano a mostrar su desacuerdo públicamente.
En la nueva Constitución que mantiene al partido único en el poder, se desvincula la estrategia de someter el derecho de manifestación pública a las organizaciones progubernamentales. El “orden público y la ley” son los únicos requisitos que debe cumplir quien desee llevar a cabo cualquier tipo de manifestación.
Sin duda alguna, la letra constitucional continuará despejando el camino al Código Penal para reprimir el derecho a la protesta mediante los delitos más utilizados: Desorden Público o Desacato.
No necesitan nuevas propuestas legislativas para coartar este derecho sobre la base del “orden público y la ley”. Mucho antes de que se impusiera la nueva Carta Magna, ya se aplica la fórmula contra quienes ejercen su derecho a criticar el proceso plebiscitario.
Cuando Víctor fue arrestado, un oficial de la policía política lo entrevistó en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). “Ya lograste llamar la atención de la prensa y del gobierno”, le dijeron los agentes. Y es que de eso se trata la protesta, de expresar desacuerdos de forma pública para dar a conocer hechos o situaciones que afecten a la sociedad.
No obstante, el régimen sabe que el creciente descrédito político y económico no permite ceder un segundo de calle a las protestas ciudadanas. Ese es el principal de los miedos de la cúpula gobernante, que crece, mientras les llega el calor de las bardas ardiendo en Venezuela.