MIAMI, Estados Unidos.- Según el ministro cubano de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, en la Isla no se bloquea el acceso a la información por motivos políticos, y “EE.UU. se muestra malintencionado e injerencista” al asegurar que la internet en el país está directamente relacionada a la empatía o no con el régimen.
En una entrevista con el canal ruso RT en Español, Perdomo aseguró que esta opinión es falsa, “no ha existido nunca ninguna motivación política de bloquearle a la población cubana el acceso a la información y al conocimiento”.
Y agregó que “las limitaciones de Cuba en el acceso a internet y a las redes globales en los últimos años, así como las que tenemos hoy, se deben única y exclusivamente a las limitaciones económicas que hemos tenido”.
Perdomo dijo que las críticas al régimen de La Habana al respecto no son más que una “gran actividad malintencionada de tergiversación injerencista y subversiva que tiene su origen en la política hostil estadounidense contra la revolución cubana”, ya que “el sector de las telecomunicaciones en Cuba ha estado constantemente (…) bajo una cínica política de doble rasero del Gobierno estadounidense”.
Para el gobierno cubano, que esta vez tuvo como vocero a Perdomo, el embargo es el culpable de la limitada tecnología y de los precios que el monopolio estatal de las Telecomunicaciones (ETECSA) impone a los cubanos por sus servicios, aunque para el funcionario esos precios incluso “han ido disminuyendo y van a continuar disminuyendo a medida que ampliemos las posibilidades de acceso”.
Asimismo, el ministro cubano dijo a RT que aspira a que la cultura de utilización de esta tecnología “sea cada vez más masiva e involucre a todos: a los estudiantes, a los trabajadores y a todos los sectores del país” y tenga “un enfoque solidario, humanista y antiimperialista, que se oponga de alguna manera al discurso hegemónico”, pues “hoy las relaciones a través de internet están dominadas fundamentalmente por las trasnacionales estadounidenses que todos conocemos”.
El régimen cubano es conocido por bloquear la información y los sitios contrarios al sistema comunista. Las autoridades incluso, amparadas en el Decreto Ley 370 sobre la informatización, imponen multas a todo aquel que exprese su opinión en redes sociales, siempre y cuando esta vaya en contra de lo que promulga el estado.
Los periodistas independientes, activistas, opositores y miembros de la sociedad civil han sido amenazados con la cárcel por escribir o dar opiniones que el gobierno no tolera en plataformas a las que La Habana denomina “enemigas de la revolución”.
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