MIAMI, Estados Unidos. – El gobierno de Estados Unidos advirtió este martes que las detenciones arbitrarias de ciudadanos en diversos países constituyen “un problema grave” que condicionará las relaciones entre Washington y los estados que incurran en ese flagelo.
Como parte del lanzamiento de la Declaración contra el uso de la detención arbitraria en las relaciones entre estados ─iniciativa impulsada por Canadá─, el nuevo jefe de diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dejó claro que ese tipo de prácticas son completamente “inaceptables” y que están “prohibidas por las convenciones internacionales de derechos humanos”.
“En pocas palabras, esto ocurre cuando alguien que viaja o vive en el extranjero, por ejemplo, un empresario, un turista o alguien que visita a un familiar, es detenido por el gobierno y acusado falsamente o condenado por el país en su pasaporte. Luego, se utilizan para ganar influencia en las relaciones de estado a estado. Se convierten en una moneda de cambio: un peón humano”, explicó el secretario de Estado de EE. UU.
El alto funcionario señaló que “algunos países todavía lo hacen y nosotros, como comunidad global, tenemos que oponernos a ello”.
I am honored to join @CanadaFP and more than 55 other nations in endorsing the Declaration Against the Use of #ArbitraryDetention in State to State Relations. Human beings are not bargaining chips. The arrest of people for diplomatic gain must stop now. pic.twitter.com/r2nt35qrwb
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 15, 2021
Blinken sostuvo que este tipo de detención arbitraria “va en contra de los derechos humanos de las personas detenidas, trae angustia a sus familias y es una amenaza para cualquiera que viaje, trabaje o viva en el extranjero”.
“Es hora de enviar un mensaje claro a todo gobierno que detenga arbitrariamente a ciudadanos extranjeros y trate de utilizarlos como palanca: esto no será tolerado por la comunidad internacional (…) Los seres humanos no son moneda de cambio. Se trata de una cuestión de derechos humanos y estado de derechos”, añadió.
En los últimos años, regímenes como el de Cuba han aplicado prácticas similares con ciudadanos con doble nacionalidad, como la cubanoamericana Alina López Miyares, sentenciada en 2017 por un tribunal militar de la Isla a 13 años por presunto espionaje.
Alina y su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, exdiplomático de La Habana ante Naciones Unidas, fueron encontrados culpables por trabajar a favor de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
López Miyares nació en 1959 en La Habana y abandonó Cuba cuando apenas tenía ocho años. Educada en Estados Unidos, obtuvo tres doctorados y es maestra de profesión. Poco antes de ser arrestada había hecho efectiva la repatriación, trámite que permite a los ciudadanos cubanos emigrados recuperar su residencia y ciertos beneficios en la Isla, como el acceso a la Salud Pública.
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