MIAMI, Estados Unidos.- Prisoners Defenders denunció en un reporte publicado este martes que durante el recién finalizado 2021 en Cuba estuvieron encarceladas por motivos políticos 955 personas. El 31 de diciembre permanecían en celdas de la dictadura 842 presos políticos, así comenzó el 2022.
De acuerdo al informe, el 2021 inició con 138 cubanos encarcelados por su manera de pensar, sin embargo, la cifra escaló después de los acontecimientos del 11 de julio, que dejó 700 presos políticos a lo largo y nacho del país.
Desde enero hasta finales de diciembre de 2021 Prisoners Defenders sumó 817 prisioneros políticos nuevos, “pero esto no es más que una fracción, entre el 40% y el 50% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna”.
Prisoners Defenders pudo constatar 842 casos de prisioneros políticos en diciembre pasado, luego de analizar entre los “1 500 y 2 000 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias, aplicados a los manifestantes detenidos a millares desde el 11J”.
Del total de personas que permanecen encarceladas, y que han sido analizadas por la organización, “700 pertenecen a la represión del 11J y 15N en Cuba, cifra aún inferior al 40% respecto al total generado por la ola represiva”.
“Son 26 los menores de edad procesados (14, 15, 16 y 17 años de edad durante la detención). El 50% de ellos, 13 menores, están acusados de sedición”, un cargo que el régimen ha impuesto a 132 prisioneros políticos verificados.
Así mismo, reza el informe, “387 prisioneros ya han sido sentenciados, 137 de ellos con penas de más de 10 años, lo que representa el 35%. Un total de 107 mujeres son prisioneras políticas del régimen de Cuba”.
Prisoners Defenders reconoció también, una vez más, a otros “11 000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8 400 de ellos convictos y 2 538 condenados, con penas medias de dos años y 10 meses de cárcel, mediante condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito (como indica el Código Penal en su artículo 76.1 para estas 11 mil condenas)”.
De acuerdo al Código Penal cubano, esta figura penal se refiere a personas proclives a cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal)”.
“Así es como el Estado de Cuba sobrevive, destrozando la sociedad y sus cimientos: la juventud”, denuncia Prisoners Defenders en el informe.
Por su parte, Cuba comenzó 2022 con 545 Convictos de Conciencia, “que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, es decir, de ejercicio estricto de sus más fundamentales derechos humanos, con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente relacionadas con el pensamiento”.
Asimismo, 205 son Condenados de Conciencia, aquellos “que sufren autos de procesamiento fiscal o sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad, libertad condicional bajo amenazas, y otras limitaciones a la libertad, incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución, y que el régimen, además, acostumbra a revocar e insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad prodemocrática”.
Por último, señala Prisoners Defenders, en la isla hay 92 personas bajo la categoría de Otros Presos Políticos, que no encajan en las anteriores categorías, pero son identificados en prisión política tras las rejas.
“Los presentes en esta lista no pueden ser defendidos como Convictos de Conciencia. O bien en sus causas ha estado presente de algún modo la violencia, o bien han cometido, aparejado a su prisión política, delitos punibles. También existen no pocos casos en los que no nos es posible verificar completamente la fabricación de su supuesto delito. Sin embargo, en todos ellos el matiz político, el nulo acceso a la defensa efectiva, y el ensañamiento desmedido en las penas los convierten en casos de carácter político y defendibles, en algunos casos para adecuar las penas a lo realizado y en otros por el derecho a tener acceso a una defensa efectiva que posiblemente los liberaría de todo cargo”, sentencian.
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