LA HABANA, Cuba, julio, 173.203.82.38 -El Decreto-Ley No.259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo cumplió el cuarto aniversario de su promulgación el 10 de julio absolutamente ignorado por los medios de difusión nacionales. En realidad hay poco que celebrar, aunque se haya repartido alrededor de 1,5 millón de hectáreas de tierra (alrededor del 23,0% del área agrícola del país) a 166 000 usufructuarios, ya que los resultados productivos han sido muy limitados y continúa creciendo la necesidad de importar alimentos.
Los estimados de compra en el exterior para el año, realizados a principios de 2012, fueron de 1,8 mil millones de dólares, pero podría elevarse aún más teniendo en cuenta las cifras disponibles sobre los resultados en la agricultura, especialmente en la ganadería. Llama la atención de que aunque el 66,0% de las tierras entregadas en usufructo se han dedicado a la ganadería, en el primer trimestre la actividad decreció en 11,6% respecto a igual periodo del año precedente. Lamentablemente todavía no se han ofrecido los datos sobre el segundo trimestre, pero todo indica que no hay una mejoría sustancial, a pesar de haber mejorado el régimen de lluvias en todo el país.
Incluso la aplicación de medidas para incidir favorablemente en el resultado de la gestión de los nuevos usufructuarios, como la venta de los campesinos directamente a los hoteles y otras entidades turísticas, a través de las Cooperativas de Crédito y Servicios (CSS) en vigor desde el 1 de diciembre de 2011, no han motivado a los agricultores a causa de las trabas y mecanismos entorpecedores. Los precios de los productos vendidos se fijan en pesos convertibles (CUC), pero se pagan en moneda nacional razón de 7 pesos por 1 CUC, sin tener en cuenta que tener que adquirir muchos recursos mediante CUC en las tiendas del gobierno o en el “mercado libre” a una tasa de 25 pesos por 1 CUC. Al mismo tiempo le cuesta mucho trabajo conseguir el combustible, envases y medios para transportar sus productos, lo que repercute en que las ventas al turismo no sean considerables hasta ahora.
Por consiguiente, se tiene que importar alimentos para los visitantes, tan corrientes como yuca congelada, limón, zanahoria, col morada, cebolla, carnes (bovino, porcino, aviar), granos (arroz, frijoles, maíz), productos lácteos (leche en polvo, queso, mantequilla), grasas comestibles, café y en oportunidades hasta azúcar.
Con respecto al Decreto-Ley No. 259, puede afirmarse que existe consenso en Cuba de que requiere cambios. Hasta funcionarios oficiales lo han expresado, pero transcurre el tiempo y las modificaciones no llegan. Continúa la negativa a que los nuevos agricultores construyan viviendas en las tierras, sigue inamovible el plazo de 10 años de usufructo, prorrogable a otros 10; se mantiene el monopolio estatal para la compra de muchos productos a precios fijados unilateralmente; y, sobre todos, existe una insuficiente oferta de insumos; mientras continúan creciendo las importaciones de productos perfectamente producibles en Cuba. Obviamente existen razones más que evidentes para que las autoridades guarden silencio sobre la firma del Decreto-Ley por el presidente Raúl Castro.
La situación económica de Cuba y en particular la alimentaria, es muy delicada actualmente. Ante el peligro de una crisis económica mundial muy fuerte, el país en crisis desde hace muchos años, podría sufrir con gran dureza pues no se ha preparado para afrontar una coyuntura de tal envergadura.