LA HABANA, Cuba. – Los que proclaman el carácter “democrático” del Código de las Familias son los mismos que gobiernan antidemocráticamente el país.
Después de apreciar la intensa campaña que viene desarrollando la cúpula cubana del poder en favor de un mayoritario voto positivo en el referendo del próximo 25 de septiembre para aprobar finalmente el Código de las Familias ―tal parece como si en eso le fuera la vida al régimen―, cualquiera podría preguntarse acerca del porqué de semejante empeño.
Una posible respuesta estaría relacionada con el remordimiento que experimentaría el castrismo por la institucionalización de la homofobia como política oficial del gobierno en los primeros años del fidelismo. Porque los que ahora claman por los derechos de la comunidad LGBTIQ son los mismos que cazaban a los homosexuales en plena vía pública y los enviaban a las tristemente célebres Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), donde debían hacer trabajos forzados y eran tratados como animales. Y después, en la primera mitad de los años 70, inventaron la famosa “parametración de la cultura” para mantener en un ostracismo total a los escritores y artistas que se desviaban de las conductas heterosexuales.
Mas, sin desdeñar lo anterior, el motivo fundamental del alboroto castrista en torno al Código de las Familias parece ser el alarde de democracia que enarbolan cuando se refieren a ese documento. Lo califican como democrático, justo, inclusivo; dicen que respeta los derechos de todos y todas, y que a nadie despoja de ellos.
En ese contexto resulta inevitable que aflore una máxima muy recurrente entre nosotros y que tipifica con frecuencia el actuar de hipócritas y farsantes: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.
No es posible creer en el “discurso democrático” de los que reprimen a los opositores, impiden el libre flujo de la información y criminalizan cualquier tipo de protesta de la población ―aunque sea pacífica― debido a la crisis económica y social que padece la nación.
Esa falta de democracia que se observa por doquier no solo se comprueba mediante el accionar del Gobierno, sino que también se pone de manifiesto en varios de los documentos oficiales que fijan el rumbo de la política castrista.
Por ejemplo, la Constitución de la República de Cuba, aprobada en 2019 mediante un proceso amañado ―sin permitírseles a sus detractores exponer sus razones en los medios masivos de difusión―, en su Artículo 42 establece que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana”.
Como vemos, la Carta Magna de la nación nada dice acerca de la marginación que sufren muchos ciudadanos de la Isla por pensar diferente. O sea, que la “democracia” castrista está diseñada para los que comulguen con la ideología del régimen y excluye a los que no acepten la línea oficialista.
En los días que corren, estos “campeones de la democracia” arrecian la propaganda en la televisión, la radio y la prensa escrita, solicitando el voto positivo de la población en el venidero referendo. Asimismo, las organizaciones satélites del gobernante Partido Comunista, como los CDR, la CTC, la UJC, y la FMC, entre otras, convocan a sus integrantes a sumarse al voto por el sí. En cambio, no se permite la más mínima alusión pública al voto por el no.
Es, como también decimos los cubanos, una pelea de león a mono, donde el mono está amarrado.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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