LA HABANA, Cuba, marzo, 173.203.82.38 – A partir del pasado 24 de febrero se han sucedido las reacciones de la prensa al discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz durante la clausura de la sesión constitutiva de la nueva legislatura del parlamento cubano: la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular.
Se ha hecho hincapié en los cambios de dirigentes; sobre todo, en la designación de un ingeniero relativamente joven, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (a quien hace meses califiqué como “El Tapado cubano”, en un artículo publicado en Cubanet), en calidad de nuevo Vicepresidente Primero de los Consejos de Estado y de Ministros. También se ha aludido a la elección de Esteban Lazo como sustituto de Ricardo Alarcón al frente del Legislativo.
Objeto de gran atención ha sido el planteamiento del actual mandamás acerca de que el período de cinco años para el que fue reelecto será el último suyo. En otro orden de cosas, despertó cierto interés la reaparición de Fidel Castro en una sesión del órgano supremo del Estado cubano, tras muchas ausencias.
Entre quienes mantienen una postura crítica frente al régimen totalitario del archipiélago, los comentarios han sido de diverso tenor. Sin embargo, quisiera centrarme aquí en el carácter totalmente antidemocrático de los más importantes pronunciamientos hechos en esa solemne ocasión por el General Presidente.
Paso a explicarme.
Para empezar, Raúl Castro expresó: “Entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentran la de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno, y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades”.
En los países democráticos, un cambio del texto supralegal es un proceso de cierta duración y complejidad, en el que intervienen distintos órganos del Estado. Esto se demostró en el fraterno México, donde la reforma educacional recién promulgada tuvo que recibir la aprobación no sólo de ambas cámaras del Congreso Federal, sino también de “la mayoría de las legislaturas” estaduales.
Se sabe que, en los procesos de ese tipo, como consecuencia del libre debate democrático, el texto que en definitiva se acepta suele diferir del presentado en un inicio. En Cuba podemos estar seguros de que no será así. Lo que decida la alta jerarquía comunista será aprobado por la dócil Asamblea Nacional en la forma propuesta y cuando aquélla lo decida.
Por otra parte, el actual jefe supremo expresó su preocupación por asegurar un renuevo generacional, que al menos por ahora personifica Díaz-Canel. Esto -según dijo- “a fin de evitar que se nos repita la situación de no contar oportunamente con suficientes reservas de cuadros preparados para ocupar los puestos superiores del país y asegurar que el relevo de los dirigentes constituya un proceso natural y sistemático”.
También aquí saltan a la vista los costurones totalitarios del régimen castrista. En un país democrático, el mismo sistema político asegura el constante surgimiento de nuevas figuras jóvenes. En base a la voluntad del electorado, las más capaces y populares de ellas van ascendiendo a posiciones cada vez más influyentes, y de ese modo se asegura la permanente renovación de la clase política.
En Cuba, tampoco esas cosas pasan así. Aquí se trata -al revés- de un proceso teledirigido, en el que la gerontocracia imperante se resiste a abandonar el poder, y el mismo jefe máximo escoge a su sucesor. Se trata de una variante comunista de lo que, bajo la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional en México, se conocía como “El Dedazo”.
Para terminar, deseo referirme a las abundantes estadísticas que ofreció el orador con respecto a los porcentajes que las mujeres, los jóvenes y los afrodescendientes representan ahora dentro del total de miembros de la flamante Asamblea Nacional.
Tampoco estos pasos de avance han resultado de la aplicación de mecanismos democráticos. Ellos -todo lo contrario- dimanan de los chanchullos perpetrados por las llamadas “comisiones de candidatura”, unos engendros totalitarios cuyos miembros son designados por los que mandan, con el propósito de garantizar que los nuevos diputados (los propuestos por ellos mismos) los mantengan en el ejercicio del poder.
En ese contexto, los aumentos en la proporción de féminas -o de negros y mulatos- reflejan sólo el uso de las matemáticas en las altas esferas. A mayor abundamiento, en el caso de las representantes del bello sexo las cosas no pararán ahí, pues el General de Ejército, refiriéndose al porcentaje de mujeres en el Consejo de Estado, ha planificado desde ahora el desarrollo futuro… ¡a cinco años vista!: “Persistiremos en la voluntad de que siga creciendo la representación femenina en este órgano y en todas las instituciones del país”.
Retornamos -pues- a la semilla. El mismo enfoque que el jefe del régimen da a estos problemas demuestra que en nuestro país, bajo la llamada “Constitución Socialista”, la democracia -para decirlo en pocas palabras- no existe.