LA HABANA, Cuba, mayo (173.203.82.38) – Sólo a veces, cuando un rayo de lucidez penetra en sus neuronas, Francisca Herrera Cuéllar, de 95 años, reconoce a su nieta Cruz Maritza León Pérez, quien enfrentó en su nombre una orden de desalojo y un juicio oral en el Tribunal Municipal del municipio Plaza, por intentar protegerla del derrumbe inminente del pequeño apartamento familiar, en los altos de Línea 1060 entre 12 y 14, Vedado, de donde la trasladó a las habitaciones desocupadas por el oficial Francisco Martínez Blanes, beneficiado por el Ministerio del Interior con una casa nueva en Ayestarán entre Capdevila y Concepción.
Antes de trasladarse a un espacio en mejor estado, Cruz Maritza León Pérez, de 50 años, residía en dos piezas con barbacoa en unión de su abuela, la madre de 72 años, un tío de 68 y la hija de 21. El inmueble data de 1920 y fue declarado inhabitable a mediados de los años ochenta por la Dirección Municipal de Vivienda, cuya comisión de albergues no dispone de medios para acoger a los inquilinos de la antigua residencia, una entre las tantas del Vedado que debe ser demolida, previo abandono de cada familia, obligadas a apuntalar su área mientras esperan el derrumbe o el traslado a otra casa, pues en Cuba el gobierno controla las viviendas y prohíbe su compra-venta.
La historia del acoso institucional contra Cruz Maritza y los suyos pasa por reclamaciones previas ante la Dirección de Vivienda y la comisión de albergues del municipio Plaza; continúa con el emplazamiento legal de Francisco Martínez Blanes, quien meses después de su partida acusa a la anciana Francisca Herrera Cuéllar de usurpación del inmueble desocupado; le sigue con el peloteo de los funcionarios locales, porque el edificio pertenece a la llamada “zona congelada” del Ministerio del Interior; se enreda con el hermetismo de ese ministerio; se dilata con la citación para juicios pospuestos y con el intento de detención y la orden de desalojo, que el policía consideró improcedente.
El desafío habitacional entre la nieta de la anciana apopléjica y los guardianes del espacio que quedó vacío, tuvo su final en el juicio realizado el 18 de mayo. Cruz Maritza León fue con los documentos que demostraban el estado de necesidad de sus parientes, el certificado médico de la abuela vegetativa, el dictamen técnico del inmueble y las solicitudes realizadas ante la coyuntura de mover a los suyos a dos habitaciones menos deplorables. Felizmente, el tribunal dictaminó que no hubo delito en este caso.
Si las autoridades que no respondieron a sus reclamos ni revelaron interés en el apartamento vacío ordenaran el retorno al lugar de origen por “ejercicio arbitrario del derecho”, la alternativa sería esperar la muerte bajo derrumbe; episodio lamentable, pero frecuente en la realidad insular.
Aunque a veces la solución de casos similares resulta salomónica, el día del juicio sólo se discutió la existencia o no del delito. Lo otro dependerá de la disposición que adopte la Dirección Municipal de Vivienda. Veremos qué pasa, pues la maquinaria estatal cubana es extremadamente burocrática a la hora de resolver los problemas ciudadanos, y eficaz en cuestiones represivas.