ARTEMISA, Cuba.- En el mundo actual, las empresas tienen la responsabilidad de, cuando un trabajador se enferma, no tirarlo a un lado sino apoyarlo. Los sindicatos juegan en ello un papel importante. Sin embargo, la realidad en nuestro país es otra, contada en la historia de José Gerardo Milián Hernández, residente en el municipio Güira de Melena, de la provincia de Artemisa.
Gerardo padece las secuelas de una trombosis en el lado derecho del cuerpo, que lo ha dejado con dificultad para hablar y desplazarse, además de trastornos cerebrales. Tiene 54 años de edad. Al momento de sufrir el accidente que lo dejó incapacitado se desempeñaba como albañil y plomero en una dependencia del Ministerio de la Construcción en la localidad.
Su hija Yoines Milián explicó que ella comenzó con los trámites de jubilación de su padre, por peritaje médico, hace ya más de tres años y ha tenido la misma suerte que la mayoría de los cubanos que tienen que resolver encomiendas burocráticas. La han “peloteado” de un lado para otro sin resultado alguno.
Sin pensión monetaria por su discapacidad y sin recibir atención de bienestar social; Gerardo tiene que sobrevivir como puede. Su hija trabaja en la Empresa de Cultivos Varios con un modesto salario y su hermano menor, enfermo de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es mozo de limpieza en el policlínico de la comunidad.
Visitar la vivienda de este hombre permite constatar sus carencias y verlo físicamente comprueba su mal estado de salud. Él es un damnificado del huracán Charley, pero, según su familia, no ha recibido del Estado ningún material para arreglar su casa.
Su hija relata que cuando fue a reclamar a la Dirección Municipal de Vivienda, los funcionarios de esa dependencia le dijeron que esos recursos le habían sido entregados ya, según los documentos que allí están archivados. Ella afirma que esto no es más que un fraude, pues no hay constancia de una firma de ellos en alguno de los documentos y menos de la entrega física de los materiales.
Después de esta reclamación, nadie de ese organismo se ha querido responsabilizar con el problema. Para esta familia resulta evidente que alguien se apropió de estos materiales y que existe un problema de corrupción.
Aunque es muy difícil la comunicación con José Gerardo, ya que producto de su enfermedad no está en condiciones de establecer un diálogo; él logra dar la señal de aprobación o negación con la cabeza a lo que dice su hija.
Este hombre, a los que todos conocen como “El Papi”, acompañado de sus hijos, solo tiene como solución seguir reclamando en el municipio su pensión y los materiales que nunca llegaron.
Sus hijos, que conforman una generación más joven que la de Gerardo, se han quedado con el ejemplo de que su padre, después de tantos años de duro trabajo y sacrificio, ha sido tratado como un objeto desechable.
(Jorge Bello Domínguez)