LA HABANA, Cuba.- Las microbrigadas de la construcción eran grupos de veinte o treinta personas pertenecientes a un determinado centro laboral, que tenían como objetivo fundamental la construcción de viviendas. Por lo tanto, el denominador común de los microbrigadistas —entre los que había profesionales, técnicos y simples obreros sin calificación— era la necesidad de contar con un techo para ellos y sus familias.
El movimiento de microbrigadas contó con su momento de esplendor hacia la segunda mitad de los años ochenta de la pasada centuria, es decir, durante el denominado “proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”, cuando las autoridades proclamaron que podrían construirse 100 mil viviendas por año.
Sin embargo, muy pronto se pudo comprobar que la mira gubernamental no tendía principalmente hacia la terminación de dichas viviendas, sino a la construcción de las denominadas “obras sociales”, entre las que sobresalieron los túneles populares, aquellos espacios que servirían, según la paranoia fidelista, para evacuar a la población civil durante la “guerra de todo el pueblo”.
Claro, los gobernantes sabían que los microbrigadistas eran rehenes de sus necesidades, y en consecuencia soportarían las dilaciones y arbitrariedades con tal de obtener finalmente una vivienda.
En la actualidad apenas se habla de las microbrigadas. A medida que los microbrigadistas iban obteniendo sus viviendas, abandonaban ese movimiento constructivo y se reincorporaban a sus labores habituales. Y otros, menos afortunados, renunciaban a la microbrigada tras permanecer muchos años construyendo —algunos hasta treinta— y no ver en el horizonte la posibilidad de una vivienda.
Así las cosas, a las empresas del Ministerio de la Construcción (MICONS) les correspondió la tarea de acometer muchas de las obras sociales que antaño edificaban los microbrigadistas. Y entonces comenzó a manifestarse un fenómeno que le aguó la fiesta al castrismo: un éxodo masivo de esos constructores del MICONS debido al insuficiente salario que percibían, y la carencia de recursos materiales con que acometer sus labores. Entre los que se iban había albañiles, plomeros, carpinteros y otros obreros calificados del sector.
En un primer momento el destino de la estampida fue el trabajo por cuenta propia, tanto en sus vertientes legal e ilegal, y más recientemente los antiguos constructores estatales han engrosado las Cooperativas no Agropecuarias (CNA) de la construcción, entidades creadas en el contexto de la “actualización del modelo económico”.
Últimamente hemos presenciado indicios que denotan, más allá del referido éxodo, cierto malestar oficialista con respecto a la labor de las CNA de la construcción. Primero fue el discurso del General-Presidente durante la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En esa ocasión el gobernante expresó que “nos lanzamos a hacer decenas de cooperativas de la construcción. ¿Nadie ha analizado las consecuencias que eso trajo y los problemas que esa precipitación ha creado?”
Por otra parte, el periódico Trabajadores, en su edición del 24 de julio, publicó el artículo “Para quien no la teme”, en el cual, además de cuestionar el porqué de que las CNA desestimen las obras sociales en su cartera de negocios, las exhorta “a contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación y desarrollar sus actividades sin ánimo especulativo”.
Al parecer, los gobernantes pretenden que las CNA de la construcción trabajen sin la autonomía que debe de corresponderle a esa forma de gestión productiva, y se transformen en meros monigotes del poder, como sucedió con las moribundas microbrigadas.