LA HABANA, Cuba. – La información sobre la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 29 de mayo y que fue publicada por la prensa oficial el primero de junio, podría servir de inspiración para el guión de un show satírico. Resulta risible y concita a las carcajadas y el choteo lo que el presidente del gobierno y sus ministros se atrevieron a decir en tan pintoresca y animada reunión.
El presidente Raúl Castro sonó poco serio cuando en una de sus tantas intervenciones en la reunión del poder ejecutivo dijo que había que “discutir con profundidad cada medida y analizar todo lo que se ha hecho hasta ahora, para determinar los pequeños errores cometidos y corregirlos”.
Naturalmente, ninguno de los presentes se atrevió a enmendar tan inaudita afirmación, pero todos sabían perfectamente los graves errores que han cometido en el ejercicio de sus cargos.
De esos errores, tampoco escapa el presidente de la república.
Aun así, los responsables directos de esos errores nunca han tenido que rendir cuentas de su labor en el seno del parlamento cubano. No han tenido que responder por las fallas cometidas en el ejercicio de sus responsabilidades, porque a los diputados les ha faltado valor.
Así, los diputados violan el artículo 75 del a Constitución que se refiere a las atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que su inciso (q) los faculta para “conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta de los órganos de los poderes ejecutivo y judicial”.
De la misma manera los diputados en el ejercicio de sus funciones consuetudinariamente violan el artículo 86 que les concede el derecho “de hacer preguntas a los integrantes del poder ejecutivo”, ya que estos teóricamente están en la obligación de responderlas.
Pero los artículos 75 y 88 nunca han sido aplicados a los integrantes del poder ejecutivo para que respondan sobre sus responsabilidades en el seno de la Asamblea Nacional.
El poder ejecutivo en Cuba es un ente supra-parlamentario. Un selecto grupo de sus integrantes, los autotitulados dirigentes históricos entre los que se encuentran el presidente de la república y los vices presidentes del gobierno, en su mayoría miembros del Buró Político del Partido Comunista, se consideran ungidos de poderes casi supra-terrenales. Casi como si fueran inmunes a las equivocaciones y los errores pues están exentos de cuestionamientos y críticas.
El gobierno cubano tiene maniatado al parlamento para que no realice su función de contrapartida, control, fiscalización y cuestionamiento del desempeño de los dirigentes gubernamentales.
Los diputados que se supone sean representantes del pueblo que los eligió con sus votos, eligen a los miembros del Consejo de Estado, y estos al gobierno. Sus titulares están obligados, de acuerdo a la Constitución vigente, a rendir cuentas de su labor si el parlamento lo considera necesario. Por eso, carece de todo fundamento lo expresado por el presidente Raúl Castro a los presentes en la reunión del Consejo de Ministros: “Lo que hagamos debe estar sometido constantemente a la crítica constructiva, a un análisis crítico del cumplimiento de las tareas.”
El gobernante, acerca de “la aplicación de las decisiones, para rectificar errores antes de generalizar los experimentos”, dijo: “Estamos en el deber de calcular las consecuencias de cada paso que damos y prever”.
La institución que desde 1976 puede legalmente ejercer esa función de crítica y fiscalización a los dirigentes del gobierno no es otra que la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La Constitución aprobada en 1976, reformada en 1992 y actualmente vigente es el instrumento legislativo para ventilar todos los asuntos de la república. De acuerdo a ella, nadie está exento de ser sometido en el seno del parlamento al cuestionamiento crítico de su gestión gubernamental.
El presidente Raúl Castro eludió la constitución al hacer un llamado bastante generalizado a la crítica. Teóricamente, el único escenario donde constitucionalmente y sin ataduras se puede ejercer la crítica es en el parlamento. Pero el presidente y su selecto grupo de poder, compuesto por generales y coroneles, están ajenos e inmunes al parlamento. No le rinden cuentas a nadie.
En Cuba solo importan las órdenes del general-presidente. Lo que dijo el mandatario en la reunión del Consejo de Ministros son palabras que se llevó el viento: ni los diputados ni mucho menos los ciudadanos de a pie tienen espacio real para ejercer la crítica.