MIAMI, Estados Unidos. – La historia de Virginia de la Caridad Fernández Palma, una trabajadora cubana de la salud, da cuenta de los criterios racistas y el enjambre de malos manejos que marcan el proceso de selección de los profesionales que forman parte de las llamadas “misiones médicas”.
La santiaguera, licenciada en terapia física y rehabilitación, contactó a CubaNet a través del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), después de que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en su provincia, Lázaro Expósito Canto, se desentendiera de su caso.
“Hace más de siete años que estoy pasando por este proceso; he reclamado a todas las entidades y nadie me ha dado una respuesta específica. He escrito más de 27 cartas a Expósito y no ha hecho nada. Por último, fui a verlo en persona y me dijo que hiciera lo que me diera la gana”, contó la fisioterapeuta que labora en el policlínico Carlos J. Finlay del Distrito 2 José Martí.
Fernández Palma optó durante años por una misión médica en el exterior. Finalmente le fue asignada en enero de 2016. Sin embargo, con toda la documentación lista para viajar a Venezuela, las autoridades cubanas le negaron la salida.
A raíz de sus insatisfacciones, recibió una carta emitida el 17 marzo de 2019, firmada por María Caridad de la Cruz Castro, jefa de Colaboración Provincial de Santiago de Cuba, la cual explicaba los supuestos motivos de la demora.
La carta señalaba que durante 2017 y parte de 2018 hubo una “situación atípica” y dificultad con los aspirantes de este perfil a las misiones médicas en Venezuela. No salió ninguno desde la Isla hasta que el proceso fue retomado, presuntamente, con los casos más retrasados.
Aunque Fernández Palma labora en el policlínico Carlos J. Finlay, donde es la primera del listado de fisioterapeutas aspirantes a trabajar en el extranjero, se le indicó que no sería seleccionada hasta nuevo aviso. Por el momento, solo saldrían los colaboradores de sexo masculino, le aseguraron.
Pero la fisioterapeuta no está conforme con el documento suscrito por el Departamento de Atención a la Población de la Dirección Provincial de Salud. “(Lo que dice) es mentira y parte de las mismas justificaciones que me han dado en todos estos años. La propia María Caridad de la Cruz me decía en persona que todo estaba bien y que yo iba a salir”.
“Cuando dice que no estaban saliendo personas, miente. Salían del Hospital Provincial Saturnino Lora, porque es prioridad para ella, ya que es su grupo preferido por ser personas blancas”, afirmó.
Otra de sus acusaciones va dirigida a la jefa provincial de Colaboración, Hilda Jones Cabrales. “Es otra racista y corrupta; en ese tiempo sacó del país a una de mis compañeras porque le llevaba regalos ostentosos. Pero lo peor no es que esa trabajadora estaba detrás de mí en el listado, sino que estaba embarazada y así no se debe ir de misión. Su estrategia era abortar en Venezuela, pero como no pudo, la viraron para Cuba”.
En su último encuentro con la jefa de Colaboración, Fernández Palma se quejó de las los criterios usados para seleccionar al personal de las misiones. Según ella, la funcionaria respondió: “Una negra sin dinero no puede salir de misión. Y no importa dónde te quejes, yo soy una Castro, y los Castros somos los que mandamos aquí”.
“La jefa de la sala, Caridad Despaigne, es otra racista que me dijo delante de varias personas que me iba a destruir porque yo soy negra, y una negra no podía trabajar en un colectivo de gente blanca”, aseguró.
Pero Fernández Palma no solo asegura haber sido víctima de racismo y malos tratos, sino también de acoso sexual. “Gerardo Acosta Rodríguez, el otro jefe de la sala me ha hecho invitaciones a salir para estar con él. Como me he negado me ha dicho: ‘Por eso es que te vas a quedar sin viajar, negra’”.
Debido al cierre de las escuelas en el país, a causa de la pandemia de coronavirus, la fisioterapeuta se vio obligada a dejar de trabajar para cuidar a su hija de 11 años. Pero, recientemente, Beatriz Johnson Urrutia, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, le notificó que debía incorporarse a su centro de trabajo.
La funcionaria solo le ha dejado tres opciones: la primera, pedir vacaciones; la segunda, una licencia sin sueldo; y la tercera, solicitar la baja.
“No puedo pedir vacaciones porque no me toca; hace poco las tomé cuando se me cayó la casa. Si pido licencia sin sueldo nos morimos de hambre, así que prácticamente me están obligando a renunciar a mi trabajo, poniéndome contra la pared”, lamentó.
¿Por qué Fernández Palma necesita salir de misión, incluso a Venezuela?
Virginia Caridad Fernández devenga un salario de 1030 pesos en CUP, aunque solo recibe 978 pesos debido al cinco por ciento de descuento. Su vivienda está apuntalada con palos tras un derrumbe casi total que sufrió recientemente.
“Ese es el motivo principal por el que quería irme a Venezuela. Ese iba a ser nuestro respiro, a pesar de lo malo que está todo allí. Al menos con lo poco que paga el Gobierno cubano podía reparar mi casa, solo eso, porque con ese dinero o construyes o amueblas, para las dos cosas no alcanza, mucho menos para guardar”, indicó.
La exportación de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingreso del Gobierno cubano, que se queda con al menos el 75% del salario de cada profesional de la salud. En 2018 esta actividad generó ingresos de 6400 millones de dólares.
Fernández Palma vive con su esposo e hija dentro de una rudimentaria casa, que ni siquiera cuenta con la iluminación debida. Está hecha de zinc, ladrillos, palos y otros materiales de desechos.
Pese a sus graves problemas económicos, que la impulsan a cumplir una misión médica, la profesional de la salud teme salir del país debido a la presión, vigilancia, persecución e intimidación que ha sufrido en los últimos meses.
“Yo quería garantizar a mi hija una vivienda confortable y la única forma era yendo a una misión pues mi salario apenas da para mal alimentarnos. Sin embargo, ahora tengo miedo a que me suceda algo. Me han amenazado con mandarme a golpear, con tirarme autos encima. Muchos compañeros, la secretaria auxiliar, la directora y la subdirectora de mi centro de trabajo me hacen la vida imposible. Me explotan, me asignan manzanas grandísimas y lejanas y me ponen horarios extensos, en represalia a mis cuestionamientos”, culminó.
José Daniel Ferrer, coordinador de la UNPACU, aseguró que su organización, a través de la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD), documentaría este caso ante organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.
CubaNet contactó con otros dos galenos para conocer más detalles sobre el proceso de asignación de las llamadas “misiones médicas”. Se trata de Nelva Ortega Tamayo, especialista en Medicina General Integral, y Roberto Serrano Deliz, un doctor que trabaja en un policlínico del municipio Songo La Maya.
“Hoy por hoy en Cuba, poner un plato de comida en la mesa conlleva, en la mayoría de los casos, la pérdida de valores éticos y morales. Los médicos no quedan excluidos de esta triste situación, y a pesar del riesgo que representan las ‘misiones internacionalistas’, la distancia de los seres queridos, el por ciento de tu dinero con el que se queda el régimen, y muchas otras situaciones complicadas, para los profesionales de la salud es preferible ir de misión que trabajar en Cuba por tan miserable salario”, aseguró Ortega, quien renunció en 2019 a formar parte del sistema de salud cubano.
“La otra cara de esta situación, también lamentable, es que cuando haces lo mismo que Virginia, quien decidió hablar, quejarse antes los abusos y exigir sus derechos, te cae todo el peso de la humillación y la exclusión”, culminó la doctora, que también es miembro de la UNPACU y promotora de Cuba Decide.
Por su parte, Serrano Deliz describió las frecuentes degradaciones que sufren los cubanos para salir a las “colaboraciones médicas”, un paliativo a la precaria situación económica que enfrentan en la Isla.
“Hay ejemplos que tipifican la discriminación o trata de personas. Entre otras cosas, los profesionales tienen que de forma obligada realizar un curso de adoctrinamiento dirigido por el Partido Comunista, firmar que entregan el 75% de su salario al Estado. Del 25% que les queda, el Estado sitúa una parte en una cuenta en Cuba y, si no regresas al país, falleces o tienes una evaluación no satisfactoria, se pierde este dinero”, detalló el médico santiaguero.
Los que pueden salir una vez, también explicó Serrano, muchas veces son los que repiten porque son los que pueden dar dinero a los directivos por un nuevo contrato. Pero los que muestran inconformidad son destinados a la lista de “no confiables” que les impide salir a cualquier trabajo en el extranjero. Además, las colaboraciones mejores pagadas y menos riesgosas son para los jefes o aquellos que puedan comprar la vacante.
Tales testimonios sugieren que el proceso de asignación de las “misiones” está viciado por la corrupción, el tráfico de influencia, la discriminación y el abuso de poder.
Aun así, actualmente el régimen cubano realiza una campaña para que se le conceda un premio nobel de la paz al Contingente Henry Reeve. Sin embargo, la ONU, basada en un informe de Cuban Prisoners Defenders con testimonios de médicos que han logrado escapar de dichas misiones, expresó su preocupación por contratos que podrían dar lugar a “una forma de esclavitud moderna”.
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