LA HABANA, Cuba, abril – En junio último, el gobierno en Artemisa reconoció la existencia de miles de ilegalidades en todo lo que tiene que ver con inmuebles destinados a viviendas.
Pero una cosa es reconocer y otra detener. El asunto parece continuar sin mayores contratiempos.
A Jesús Soriano y María Elena Barrera, dos ancianos, residentes en Avenida 89 número 9011, en Alquízar, municipio de Artemisa, la Dirección de la Vivienda (ente estatal), le cercenó más de la mitad de su patio, unos ochenta metros cuadrados, para entregárselos a uno de sus vecinos.
Eso a pesar de que ellos construyeron su vivienda en ese sitio hace 53 años y tienen propiedad de todo desde 1980.
-El año pasado -explica Soriano- vino un abogado, Melquiades Trujillo, de la Dirección Municipal de la Vivienda, a medir el patio. Vino tres veces, en la última dijo que se había equivocado y había informado lo del terreno como propiedad estatal; pero que fuera e hiciera una reclamación de adjudicación. Fui y tuve que pagar cerca de dos mil pesos por algo que era nuestro.
-Entonces, hace más de un mes, el 14 de febrero, se apareció aquí la directora de Vivienda del municipio -se llama Teresa-, acompañada por varios policías, y tiraron la cerca que me quitó más de la mitad del patio.
-Tuvimos que quitar los lavaderos; perdimos las plantas, los frutales. Hasta la fosa de desagüe quedó del otro lado.
-No hicieron caso de los papeles que tenemos, de la propiedad. Lo que les interesa es el negocio, el lucro.
-Hemos ido a la Fiscalía, al Partido (dirección municipal del Partido Comunista), a la policía, al Poder Popular (gobierno del municipio), y no hemos podido resolver nada- comenta Soriano.
La abogada Odalina Guerra Lara está tratando de ayudar a estas personas ante el despojo que han sufrido.
Guerra Lara explica:
-Resulta evidente que en este proceso se ha hecho caso omiso del derecho de propiedad. Ellos tienen hasta dos amparos. Uno del Tribunal de Alquízar, librado en agosto de 1991, y otro de noviembre de ese propio año del Tribunal de La Habana.
-Pero además, la Constitución especifica en su artículo 60 que la confiscación de bienes se aplica solo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley.
Guerra Lara fue asesora jurídica de la Dirección Municipal de la Vivienda de ese propio municipio, pero como no quiso prestarse a ilegalidades, perdió su empleo y hasta sufrió acoso policial.
-Pese a combatir las ilegalidades, éstas continúan y se encuentran a la vista de todos-, aseguró el pasado año Ramiro Valdés, vicepresidente del Consejo de Estado, al referirse año a la situación en Artemisa.
¿Ha calado tan profundo el delito, o es qué nadie está verdaderamente interesado en ponerle coto? Al parecer en ese territorio todo continúa igual.
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