LA HABANA, Cuba, mayo, 173.203.82.38 -Un reporte publicado por Cubanet hace referencia al tema del aborto en Cuba y al debate que a ese tenor se produjera en el marco del Segundo Foro del Centro de Estudios Patmos, celebrado en fecha reciente en la ciudad de Santa Clara. Según dicho reporte, allí se discutieron, entre otros aspectos relacionados, la elevada tasa de muerte en las mujeres a consecuencia de la práctica del aborto y la omisión de los derechos paternos, considerada en la reunión como una discriminación del género masculino. Los miembros de un panel, cinco hombres, “definieron la responsabilidad médica, la tolerancia social y la necesidad de regulación legal del aborto”.
Desafortunadamente, en la reseña no se expusieron las referidas definiciones, de manera que los lectores no podemos contar con los conceptos allí propuestos para debatir sobre un fenómeno que por su alta incidencia afecta a un elevado sector de la población cubana, fundamentalmente a mujeres jóvenes, y que en general supera con creces el estrecho marco de una reunión religiosa.
En justicia, hay que agradecer que tan controvertido tema ocupe también las agendas de algunos sectores de la sociedad civil independiente, como también reconocer que la práctica indiscriminada e incontrolada del aborto a lo largo de décadas casi ha convertido a éste en un método anticonceptivo. No obstante, por tratarse de una cuestión no solo compleja, sino que en ella concurren factores médicos, éticos, sociales, políticos, económicos, culturales y legales, por solo mencionar algunos, sería provechoso extenderla a un marco de análisis suficientemente amplio e inclusivo que permita la participación de todos los interesados.
Entre los factores sociales de mayor incidencia en la elevada tasa de abortos de Cuba se encuentra, sin dudas, la ausencia de programas efectivos para inculcar en adolescentes y jóvenes la noción de una sexualidad responsable. Otro elemento a considerar es la implantación durante décadas de un sistema educativo que separaba a los jóvenes del seno familiar al establecer las denominadas “becas” con carácter obligatorio para los estudiantes que cursaran estudios de preuniversitario, así como para algunas especialidades de la enseñanza técnica y profesional.
Durante la década de los 70’ se generalizó incluso el internamiento opcional para estudiantes de secundaria, es decir, adolescentes aproximadamente entre los 12 y los 15 años de edad. No solo la supresión del control familiar atentó contra la formación juvenil, también la convivencia forzosa y la promiscuidad reinante en esas escuelas socavó los cimientos morales en los que se había formado hasta entonces la mayoría de las familias cubanas.
Otro elemento a tener en cuenta hasta la actualidad es el elevado número de hogares muy pobres donde conviven familias numerosas sin las condiciones mínimas de privacidad, lo que incide directamente en la deformación de los valores relativos a la conducta sexual de los jóvenes.
Por otra parte, la persistencia de una cultura eminentemente patriarcal, con tradiciones machistas, tampoco ayuda a la concientización de la responsabilidad compartida entre jóvenes de ambos sexos. En la práctica, es la mujer quien sufre las consecuencias de un embarazo no deseado, ya sea al enfrentarse a la intervención médica, dígase regulación menstrual o legrado, o al asumir la maternidad y la crianza de los hijos. En el primer caso, con el riesgo que puede implicar un legrado para la futura fecundidad de la mujer o para su propia vida; en el segundo, la maternidad temprana es motivo de un significativo índice de deserción escolar femenina en diferentes niveles de la enseñanza. En todos los casos, la maternidad afecta siempre en alguna medida el desempeño profesional y económico de las mujeres, por lo que significa que al ser ellas y no los hombres quienes sufren las secuelas físicas, emocionales, sociales y económicas de la maternidad, deben ser las que ejerzan de manera privilegiada el derecho a decidir.
Tampoco se trata, simplemente, de que el gobierno tolere o no el aborto. Una cuestión es la “tolerancia” y otras bien diferentes son el derecho y la legalidad. Cierto que en Cuba el aborto es legal, pero objetivamente ninguna ley enuncia que deba realizarse de manera “desenfrenada”, como si se tratase de una meta a cumplir. El asunto no es baladí. Incluso, en países desarrollados existe un debate candente sobre el aborto como un derecho femenino. En general, la planificación de la familia y la interrupción de un embarazo no deseado suelen considerarse conquistas legales para la mujer. Es la irresponsabilidad social, familiar e institucional la que conduce a la práctica indiscriminada del aborto cuando existen variedad de métodos anticonceptivos. Y aquí vale recordar que también son las mujeres en Cuba las que, para evitar embarazos, suelen colocar en sus cuerpos dispositivos intrauterinos o consumir píldoras que producen alteraciones hormonales. Ambos métodos también pueden tener consecuencias nocivas para la salud de la mujer.
Cuál es el momento preciso en que se inicia la vida no es algo que se pueda establecer desde un panel o desde el criterio de éste o aquel galeno, porque una vida en gestación es más que un cuerpo que comienza a formarse o que un simple receptáculo de órganos vivos en lo que alguna vez podría llegar a ser una persona humana definida y reconocida como tal. No por casualidad la madre gestante es siempre la prioridad en los programas de atención maternos. Establecer plazos temporales para validar el derecho a la vida equivale a una suerte de ruleta rusa en la que alguien ajeno al drama decide si se debe condenar la vida en ciernes, o una vida ya en curso; un conflicto ético para el que nadie parece estar muy bien preparado.
La solución del problema, sin embargo, no sería la prohibición del aborto. Es sabido que las prohibiciones jamás han conducido a la supresión de una práctica; antes bien han dado lugar a que esta se produzca en condiciones no idóneas y en el marco de la ilegalidad. No se elimina un problema atacando a sus consecuencias, sino sus causas. Un primer paso podría ser el debate social amplio y permanente sobre el tema y también sería aconsejable la implementación de un programa de seguridad social verdaderamente efectivo para las madres juveniles –especialmente las madres solteras– además de un respaldo legal que superara la manutención simbólica que está vigente y que limita las obligaciones de la paternidad a una cifra monetaria ridícula.
En síntesis, el debate sobre el aborto, como tantos temas acuciantes de la sociedad cubana actual, está sujeto a la ausencia de libertades y derechos ciudadanos; y como aquellos, seguirá sin solución en tanto no se supere la profunda crisis material y espiritual de la nación. No obstante, resulta oportuno recordar desde el presente que, así como las leyes de un país no deben estar signadas por principios ideológicos, tampoco deberán ser dictadas en un futuro en base a consideraciones religiosas.