LA HABANA, Cuba, febrero, www.cubaent.org -Los índices de percepción de la corrupción, en 2011, publicados por la organización Transparencia Internacional (TI), sitúan a Cuba en el puesto 61, con un record de 4,2 puntos, de un máximo de 10. También aparece entre los gobiernos “menos” corruptos de América Latina.
Los expertos elaboran estos índices basados en informes y opiniones de organizaciones como Freedom House, Fundación Bertelsman, Political Risk Service y otros. Rechazando al mismo tiempo datos empíricos sobre enjuiciamientos o investigaciones.
TI efectúa otro estudio, llamado Barómetro Global sobre Corrupción (BGC). Dicho análisis consiste en preguntar directamente a los ciudadanos del país sobre la corrupción. Cuba está incluida.
Por ejemplo, en Chile, 22 % de los consultados admitió haber sobornado a un funcionario público en el curso del año. Esta nación tiene una puntuación IPC de 7,2, y ocupa el puesto 22 a nivel mundial. Sin embargo, en las calles de La Habana el barómetro de la corrupción revela estadísticas que se contradicen con los índices de TI.
De 100 personas examinadas en el municipio capitalino de Plaza, 95% admitió haber sobornado a funcionarios públicos durante el año 2011. 80 % confesó haber pagado más de una vez a los corruptos. Alegan que las proposiciones para consumar la transgresión parten de los propios burócratas, quienes las insinúan, o formulan directamente.
Entre cohechos inverosímiles, Georgina Sánchez, de 58 años, cuenta que, en un hospital, sobornó con 10 dólares al operador de autoclave para que el instrumental quirúrgico destinado a operar a un pariente fuera esterilizado con esmero. “Violé la ley por recomendación del cirujano”, añadió finalmente.
Entre las fechorías, sobresalen sobornos a inspectores de la Unión Nacional Eléctrica, con el objetivo de evitar multas o cambiar cifras integradas en los metros contadores de energía. También en las redes de tiendas estatales, conocidas como shopping, los gerentes y empleados alteran precios, introducen artículos de fabricación clandestina, como refrescos, cervezas, café, rones, perfumes, desodorantes, etc.
Secretarios falsifican títulos de bachiller, en el Ministerio de Educación. Choferes de ómnibus metropolitanos se embolsan parte de la recaudación. Empleados de tiendas del Ministerio de Comercio Interior, roban raciones de la “canasta básica”, para revenderlas. Las básculas de agros mercados son alteradas para estafar a los consumidores. En fin, son innumerables las irregularidades en las que se involucra al régimen cubano, producto del absolutismo y del basamento corrupto desde el que gobierna.
Sondeos señalan que las instituciones más corruptas son: El Instituto Nacional de Vivienda, la Aduana General de la República, la Dirección de Inmigración y Extranjería del MININT, La UNE, el Ministerio de Comercio Interior, las corporaciones CIMEX, Habaguanex y TRD Caribe, entre otras.
Cuba socialista se mantuvo cerrada al mundo occidental por más de 30 años, para evitar contaminaciones con sociedades sucias, según el régimen. Pero algunas fuentes relatan que la extinta Celia Sánchez Manduley, secretaria de Fidel Castro hasta el año 1980, protagonizó oscuros manejos desde la “Oficina de Bienes Malversados”. Gracias al nepotismo que practicó, sus más cercanos colaboradores y familiares poseen envidiables patrimonios en bienes y raíces.
Según expresaron algunos delegados en la recién efectuada conferencia del Partido Comunista de Cuba, la pérdida de valores morales y propensión a la corrupción, son secuelas del “periodo especial”, época en que Fidel Castro, para evitar el hundimiento de su régimen, tras la caída del muro de Berlín, estimuló a los capitalistas extranjeros para que invirtiesen en la infraestructura hotelera de la isla.
Asimismo, la Isla (un paraíso sexual inexplorado), se abarrotó de prostitutas, traficantes de drogas, estafadores y proxenetas; al tiempo que la indolencia de Castro dio libre acceso a catervas de bandoleros, que lavaron considerables cantidades de dinero a costa del turismo internacional y embarcaron contenedores de estupefacientes hacia Europa, a través de puertos cubanos.
Tras los escándalos de las firmas Tokmakjian, Tri-star y la empresa de comunicaciones ETECSA, entre otros, los corruptos de la alta nomenclatura fueron puestos bajo medidas cautelares, y son interrogados por oficiales de la Seguridad del Estado. Según fuentes anónimas, en esta ocasión los reos, no fueron encarcelados en “Villa Maristas” (el tenebroso cuartel de la Seguridad del Estado), sino en residencias habilitadas para tales propósitos.
Explican que el general de brigada Rafael Calderín Tamayo, jefe de la Dirección de Instrucción Penal del MININT, se mantiene al margen de la maniobra, por órdenes del mando superior. Dicha operación compete única y exclusivamente al coronel Alejandro Castro Espín, personaje llamado a representar el poder desde las sombras.
Se comprobó que el corrupto “menos acaudalado” posee depósitos ascendentes a 15 millones de dólares, en un banco canadiense. También Antonio Castro Soto del Valle, junto a dos hijos de José Ramón Machado Ventura, (segundo secretario de partido comunista de Cuba), recibieron obsequios de varios incriminados y se les tilda de receptadores.
Están purgando sistemáticamente a familiares de los inculpados que ocupan puestos de dirección en las estructuras del régimen. El presidente Raúl Castro anunció, como mensaje de “transparencia”, que revelará detalles del enjuiciamiento. Muchos cuestionan que el vídeo que recrea el caso de estos inculpados, saque a la luz pormenores que comprometan a los pejes gordos.
Si los especialistas de Transparencia Internacional tuvieran en cuenta estos detalles, y muchísimos otros, comprenderían hasta qué punto se equivocaron al otorgar el puesto Nº 61 a Cuba. Entonces tal vez podrían rectificar el fallo y entregarle el Grand Prix al verdadero campeón.