PUERTO PADRE, Cuba, julio, 173.203.82.38 – Los secuestros están por comenzar. Paradójicamente, el 26 de julio, día que llaman “de la Rebeldía Nacional”, quienes en esta isla exigimos los derechos del hombre y de los ciudadanos somos encerrados en calabozos, secuestrados, llevados a apartados lugares o sencillamente desterrados en nuestras propias casas.
Según el Código Penal, las sanciones pueden ser principales y accesorias. Las primeras incluyen muerte, privación de libertad, trabajo correccional con internamiento o sin internamiento, limitación de libertad, multa y amonestación.
El artículo 42.1 de ese código prevé el destierro como sanción accesoria, que consiste en la prohibición de residir en un lugar determinado o la obligación de permanecer en una localidad especifica.
Si se siguiera el debido proceso, debía ser un tribunal quien, mediante fallo judicial, se pronunciara impidiendo a alguien salir de su casa o de la localidad de residencia. Pero eso es en otros lugares del mundo. En Cuba la sanción de destierro se aplica de manera diferente.
Digamos que si para el 26 de julio la policía política quiere mantener encerrado a alguien ahorrándose la mala propaganda de un calabozo, días antes esparce una bandada de soplones por los alrededores de la vivienda del futuro cautivo para que las víctimas se sientan vigiladas.
Llegado el momento, un oficial de la policía política con autoridad del juez se presenta en casa del vigilado y le dice: “Tal y mas cual días usted no puede salir de su casa”.
Un carro patrullero -o dos- y varios policías, con su bandada de chivatos, cercan la casa del elegido, transformando a un hombre o a una mujer junto a toda su familia en cautivos en su propia casa, sin que para ello haya mediado mandamiento judicial alguno.
En cualquier nación civilizada la misión del Estado respecto a los derechos civiles es la de reconocerlos y velar por su cumplimiento contra la agresión de particulares o de las autoridades mismas.
En Cuba, la misión del Estado parece estar dirigida a perseguir, acosar y por todos los medios aniquilar física y sicológicamente a quienes practicamos estos derechos.
Son derechos civiles los que corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, y la seguridad personal, la libertad y la propiedad son primordiales.
Y son derechos políticos el electoral o de sufragio, el de emisión y publicación del pensamiento, consagrados mediante la libertad de palabra de imprenta y de reunión.
Los actos firmados por las Naciones Unidas concretan la letra y el espíritu de estos derechos que, en Cuba, no son ejercitados por el pueblo sino administrados por el Gobierno.
Pero cuando de mirar a Cuba se trata, las Naciones Unidas- y en especial sus organizaciones- tal parece que lo hicieran con mirada daltoniana.
Pues bien, la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba, Bárbara Pesce-Monteiro elogió este martes la Actualización del Modelo Económico Cubano, en el VIII Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoria y Finanzas, que sesionó hasta el miércoles en La Habana.
Según Pesce-Monteiro, el sistema de Naciones Unidas acompañará a Cuba en sus prioridades nacionales que permitan garantizar la calidad y sostenibilidad de los objetivos del milenio, promoviendo iniciativas de desarrollo dentro de esta visión de sostenibilidad y equidad propuestas en la cumbre de Río de Janeiro.
¡¿Visión de sostenibilidad y equidad, señora mía?!
Sabido es: la tierra y sus aguas, mares y ríos son los más preciados recursos de cualquier nación.
Antes, durante y con posterioridad a la festividad oficial por el 26 de julio, decenas de mujeres y hombres seremos llevados a los calabozos secuestrados, a lugares apartados o desterrados en nuestras casas por ejercitar nuestros derechos civiles y políticos en Cuba.
Esta es otra oportunidad perfecta: ya que el Gobierno de Cuba no permite a las organizaciones especializadas de la ONU supervisar la situación de los derechos humanos en la isla, bastaría a los funcionarios del sistema de Naciones Unidas residentes en Cuba hacernos un par de preguntas a los perseguidos por defender los Derechos Universales:
– ¿Pueden ustedes solicitar tierras ociosas al gobierno y organizar cooperativas agrícolas?
– ¿Pueden ustedes poseer embarcaciones y organizar cooperativas pesqueras?
El listado de los encarcelados secuestrados y desterrados pueden conseguirlo los funcionarios de la ONU con el señor Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La respuesta de si el Gobierno cubano es merecedor de elogios o de condena deben obtenerla los funcionarios de la ONU por sí mismos.
¡Adelante! ¡Basta de hipocresía!