LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 – Leydis Pérez Laborí, una profesional de la salud púbica en Cuba, graduada en 1986, que se desempeñó por más de veinte años como técnica en atención médica estomatológica, en la Clínica Severino Rosell, de la Provincia de Artemisa, fue expulsada hace algún tiempo de su empleo, por el “delito” de solicitar su liberación laboral, en 2005, con vistas a reunirse con su familia en EE.UU.
Ella había iniciado los trámites establecidos, a finales de ese año, ante la unidad presupuestada municipal de salud, en Artemisa. Tras mantenerse trabajando un largo periodo, mientras llegaba su liberación, decidió pedir la baja definitiva. Increíblemente, la respuesta fue su expulsión del centro médico. Sanción válida por cuatro años, que consta en una resolución firmada por la Dirección Municipal del Ministerio de Salud Pública de Artemisa, al amparo del decreto ley no 176/97.
Esta ley establece, en su artículo 12, que las entidades profesionales de la salud elaboran sus reglamentos disciplinarios, los cuales contemplan las infracciones típicas, las que se consideran graves, y la facultad para imponer medidas disciplinarias correspondientes.
Leydis, quien desde hace años intenta reunirse con su familia en el exterior, declaró a Cubanet que: “La solicitud de liberación, al Ministerio de Salud Pública, es un camino tortuoso y desesperante. El proceso comienza en el Municipio, desde donde lo envían con toda su calma a la Provincia. Tras los cinco años de castigo obligatorio, hay que enviar otra nueva solicitud de confirmación, y en mi caso, esperé un año más para recibir respuesta, aun cuando ya me habían separado de la clínica”.
Actualmente, esta profesional de la salud se encuentra sin trabajo, y acosada, ya que su padre fue preso político. Desde finales de 2011fue “liberada” laboralmente. Ahora, mientras espera por una entrevista en el departamento de refugiados de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, al que pidió asilo desde hace algún tiempo, debe establecer cada año una prórroga de la petición de liberación al Ministerio de Salud Pública.
Esta situación la mantiene en una constante zozobra, ya que aun cuando tuviera la visa para emigrar a Estados Unidos, no podría salir de Cuba, por cuanto la respuesta de la prórroga anual no está confirmada en estos momentos, y a veces demora años.
Este no es un caso aislado. Además del permiso de salida que debemos obtener todos los cubanos para poder salir de esta Isla-prisión, los profesionales de la salud sufren limitantes adicionales impuestas especialmente a este sector. El gobierno impone estas limitaciones especiales al sector como barreras para impedir que estos profesionales emigren y poder seguir explotándolos como mano de obra barata que alquila a otros países. El alquiler de profesionales de la salud cubanos a otros gobiernos ha devenido una importante fuente de ingresos para las maltrechas arcas estatales, ya que el gobierno les paga a los profesionales una fracción insignificante de lo que cobra por sus servicios. Un negocio redondo para la dictadura, que además los utiliza como medio de propaganda sobre las bondades del sistema de salud socialista y de la supuestamente “gratuita” educación cubana.
De ahí que -a pesar de que sus familias quedan como verdaderos rehenes en la Isla, para garantizar el regreso- muchos de los especialistas aprovechen las llamadas “misiones” en el exterior para escapar a otros países, donde reciben salarios proporcionales con su profesionalidad.