LA HABANA, Cuba, marzo, 173.203.82.38 -En las últimas reuniones y eventos efectuados por los gobernantes cubanos, se ha echado a andar lo que algunos consideran una nueva etapa en el proceso de cambios para un país que, durante décadas, mantuvo la preeminencia de la dirección estatal vertical y centralizada, y donde no había (ni hay) espacio para el pluralismo político.
Aunque los críticos del sistema castrista señalan tanto lo limitado de las reformas como la lentitud con la que las mismas se efectúan, los partidarios del presidente cubano lo justifican, indicando la necesidad de que estas medidas se apliquen “paulatinamente”, temiendo un posible aumento del caos social y económico en que está inmerso el país.
Este aserto oficialista se confirma por las reiteradas oportunidades en las cuales Raúl Castro ha denunciado la “resistencia” que origina su política transformadora entre los distintos niveles de la dirección política y administrativa del país. Algo que hace evidente la pérdida de la unanimidad dentro del oficialismo y que podría estar adelantando una posible fractura entre las filas gubernamentales.
Esta realidad, agravada por la oficialmente reconocida inexistencia de un liderazgo joven, capaz de asumir en caso de necesidad las riendas del país, posibilita que la situación pueda tornarse incontrolable para el régimen.
Según algunas personas de la sociedad civil emergente, la resistencia que enfrentan los dirigentes del gobierno para implementar lo que ellos llamana “la actualización del modelo económico”, sumado a la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones venezolanas y el reconocido pragmatismo que se le atribuye a Raúl, podría conducir a que estos líderes busquen un acercamiento con personas o grupos de la disidencia interna y el exilio, sobre todo entre los que resultan más afines con su programa de cambios, más incluso que muchos de sus actuales partidarios.
Especulan también estos analistas de la sociedad emergente sobre la posibilidad de que tal variante haya sido abierta con la aprobación de la “exigencia de desterrar definitivamente los rezagos, prejuicios y conductas discriminatorias de todo tipo…”, en la pasada Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba.
Considerando que el contacto gobierno-oposición ha sido tradicionalmente bien recibido por diversos los gobiernos europeos, algunos políticos latinoamericanos, e incluso por sectores bipartidistas del Congreso norteamericano, es previsible que el inicio de dicho contacto sería beneficioso para todas las partes.
Para el régimen, tendría como resultado inmediato mayor reconocimiento internacional y la subsiguiente legitimación de los cambios impulsados desde el poder. Ello implicaría, entre otros beneficios, la possible apertura de nuevas líneas de crédito al país, la expansión de las inversiones extranjeras y la ayuda a modernizar la obsoleta tecnología que actualmente se emplea en la Isla.
Por su parte, la oposición tendría la oportunidad de proponer su propia hoja de ruta, en la cual podría negociar la amplitud y velocidad con que deben producirse los cambios, así como la inclusión de todos los sectores de la nación cubana en la mesa de diálogo.
Si resulta evidente que de la implementación de este dialogo de la nación cubana en su conjunto se derivarían resultados favorables para todos, entonces, ¿quién pierde con ello?, ¿dónde están los perdedores?