LA HABANA, Cuba -Ante la imperiosidad de enmascarar la oleada de desempleo y debido a la incapacidad para solucionar la crisis que actualmente enfrenta, el gobierno cubano, muy en contra de sus deseos, se vio obligado a aceptar los pequeños negocios, no obstante, no ha cesado de crear leyes e implementar medidas absurdas para hacerlos quebrar o para colocarlos en desventaja frente a los negocios estatales, sobre todo aquellos que operan en divisas, casi siempre bajo la batuta de las Fuerzas Armadas.
No ha bastado con negarles el acceso a un mercado mayorista, bloquearles en la aduana las importaciones de productos, incrementarles periódicamente los impuestos o someterlos al acoso constante de los inspectores estatales, famosos por sus altísimos niveles de corrupción, sino que a los “cuentapropistas” se les ha obligado a replegarse en cuchitriles insalubres y en espacios que las propias empresas estatales han debido abandonar antes por haber sido declarados en peligro de derrumbe o incendio.
A pesar del carácter inhabitable de la mayoría de esos lugares, conocidos como “Áreas de Trabajadores por Cuenta Propia”, el gobierno los obliga a pagar el arriendo e incluso, esgrimiendo un manojo de pretextos, impide la dispersión de los negocios hacia otras áreas no autorizadas. Ante el absurdo no queda más que sospechar que el verdadero objetivo de tantas restricciones es enturbiar la imagen de los negocios privados, afectarles los ingresos (que en condiciones propicias pudieran llegar a ser considerables) y, de paso, incrementar fraudulentamente las ganancias del Estado.
Centros comerciales abandonados, como la legendaria tienda Fin de Siglo, en el boulevard de San Rafael, o algunos otros tenderetes de la calle Monte, prestan servicio a pesar de no contar con medios antincendios ni salidas de emergencia. Los sistemas de ventilación hace años que no existen y para sobrevivir a las altas temperaturas del verano, que al interior de las edificaciones a veces sobrepasa los 40 grados Celsius, los trabajadores han debido apelar a viejos ventiladores que ellos mismos se han agenciado, con lo cual incrementan el consumo eléctrico y, por ende, los gastos por arriendo, según nos explica una de las trabajadoras de Fin de Siglo.
Debido al peligro de convertirse en víctimas de ladrones que se amparan en la falta de vigilancia, la pésima iluminación, el ambiente caótico, la evidente falta de higiene, los puestos que se apiñan uno al lado del otro más el golpe de calor intenso, insoportable, que reciben a la entrada de los locales, muchas personas se abstienen de entrar, lo cual afecta los niveles de ventas, nos aseguran varios trabajadores de un local de la calle Reina, en Centro Habana.
Un tanto distante del centro de la ciudad, en Altahabana, la situación no es muy diferente. Los cuentapropistas han sido obligados a establecerse en las áreas que están debajo de los puentes que se elevan por sobre la avenida de Rancho Boyeros y la Autopista Nacional.
El ruido de los autos y camiones al pasar, los gases nocivos que desprenden y cubren de hollín las ropas y los alimentos en exhibición, la humedad y los desperdicios que dejan las lluvias en un área no idónea para ningún tipo de actividad comercial, convierten el lugar en una especie de inframundo, haciendo que los establecimientos proyecten al consumidor una imagen de marginalidad, de pobreza extrema, que atenta contra el éxito de las pequeñas empresas.
La competencia desleal y el engaño constantes, han caracterizado las tensas relaciones entre los llamados “trabajadores por cuenta propia” y el gobierno cubano que jamás ha visto con muy buenos ojos las iniciativas privadas porque sabe muy bien que la independencia económica de los ciudadanos significaría un resquebrajamiento del control absoluto del Estado.