LA HABANA, Cuba.- Tras más de 24 horas detenidos sin causa legal en la Estación de Policía de Santiago de las Vegas en el capitalino municipio de Boyeros, los periodistas Augusto César San Martín y Rudy Cabrera fueron liberados por los agentes de la Seguridad del Estado. A ambos les fue impuesta una multa de cien pesos por supuestamente “haber violado el perímetro” asegurado de la zona donde se precipitó, el día 18 de mayo, el Boeing 737 que cubría la ruta nacional Habana-Holguín, con un centenar de pasajeros.
Durante su reclusión los corresponsales fueron puestos en el calabozo e interrogados por agentes de la Contrainteligencia que intentaron acusarlos de pretender distorsionar la información relacionada con el fatal accidente, cosa que ellos negaron en repetidas ocasiones puesto que en realidad habían sido detenidos entre decenas de curiosos que observaban y tomaban imágenes de la catástrofe con dispositivos electrónicos.
El proceder de los agentes de la Contrainteligencia no solo fue ilegal desde todo punto de vista; sino que, como tienen por costumbre hacer, involucraron a la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) en un caso que es jurisdicción del Departamento 21 de la Seguridad del Estado. En abierta violación de lo que está establecido en el Código Penal, recluyeron a los periodistas sin acusación previa y les ocuparon los teléfonos móviles, una cámara de vídeo, una grabadora, un reloj y varias memorias flash.
La multa impuesta fue un ardid para justificar su detención y librar de responsabilidad a la PNR; mientras que el operativo contra ambos reporteros fue una mordaza a la prensa independiente para que no circule otra información sobre el siniestro más que la emitida por los medios de comunicación oficialistas.
Los equipos confiscados no serán devueltos a pesar de no contener evidencias de actividad periodística alguna; una prueba más de la arbitrariedad con que actúa la Seguridad del Estado cuyos oficiales afirman que pueden hacer lo que les da la gana y no pasa nada. Su prepotencia alude a los organismos internacionales encargados de monitorear las violaciones de los derechos civiles en Cuba, entre ellos la libertad de expresión y prensa, constantemente amenazadas por persecuciones, confiscaciones, acusaciones falsas y otros expedientes sin basamento legal contra los cuales no hay defensa posible.
Del siniestro solo se conoce lo que han divulgado los medios estatales. Hasta el momento tres mujeres declaradas en estado crítico extremo luchan por su vida en el Hospital Universitario Calixto García. Grettel Landrove Font, de 23 años, presenta el peor daño neurológico. La joven, bailarina de la compañía flamenca Ecos, viajaba a la ciudad de Holguín para participar en un taller de danza.