LA HABANA, Cuba.- Luego de una demora de dos semanas en dar el veredicto final de la fiscalía, le han conmutado al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, los cuatro años y medio de cárcel que le pedían (inicialmente eran nueve) por cuatro años de reclusión domiciliaria.
¿A qué se debe esta repentina suavización del castigo al opositor por parte de un régimen que no se caracteriza precisamente por su benevolencia? ¿Pretenderá el régimen limpiar un poco su imagen luego que no consiguiera convencer a la opinión pública internacional con sus burdos argumentos de que Ferrer era un delincuente común?
Sean cuales sean sus motivos, es un paso en la dirección correcta. En estos momentos en que Cuba es azotada por la COVID-19, por motivos humanitarios, debían ser sacados de las cárceles y ser indultados o pasados a prisión domiciliaria, no solo José Daniel Ferrer por ser internacionalmente conocido su caso, sino Roberto Quiñones y todos los presos políticos y de conciencia (estimados en más de 120 por organizaciones de derechos humanos) y los varios centenares más que guardan prisión por motivos que en ninguna otra parte del mundo estarían tipificados como delitos.
Recordemos que en Cuba existe la ley de peligrosidad social pre-delictiva, de inspiración fascista, que permite castigar con penas de cárcel, antes de que cometan un delito, a las personas que las autoridades consideren que son proclives a delinquir. Las llamadas “medidas de seguridad pre-delictiva”, definidas en los artículos del 73 al 84 del Código Penal cubano, y que pueden acarrear de uno a cuatro años de cárcel, la policía las emplea, cuando lo considera pertinente, contra los que califica como “elementos antisociales potencialmente peligrosos para la sociedad y el Estado socialista”.
Resulta aterrador que se propagase el coronavirus en las cárceles cubanas, donde reinan el hacinamiento, la insalubridad, la pésima alimentación y la muy deficiente atención médica. Es un riesgo que debían tener en cuenta las autoridades cubanas, si tienen un ápice de humanidad y de sentido común.
En estos momentos, todos los periodistas cubanos debemos exigir la liberación inmediata de nuestro colega Roberto de Jesús Quiñones Haces, que este próximo 11 de abril cumple siete meses en la cárcel.
El abogado, periodista y escritor guantanamero, colaborador habitual de CubaNet, fue condenado a un año de privación de libertad, en un juicio sin garantías que fue amañado por la Seguridad del Estado. Lo acusaron de resistirse al arresto. A pesar de que fue golpeado por los policías que lo arrestaron, quienes dijeron que las lesiones que presentaba fueron auto-infligidas.
Hace varios días liberaron al matrimonio de religiosos cuyo juicio intentó cubrir Roberto Quiñones, motivo por el que fue arrestado, procesado y condenado. ¿Por qué no liberaron también a Quiñones?
Si sacaron de la cárcel a José Daniel Ferrer, que según la propaganda del régimen es un malhechor violento, ¿qué hace en prisión Quiñones, un intelectual pacífico y decente?
Roberto Quiñones no debió haber ido nunca a la cárcel. Sus verdugos lo saben. Debería abochornarles cada minuto que permanezca encerrado, sometido a abusos y maltratos, con riesgo de enfermar y morir.
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