GUANTÁNAMO, Cuba. – El 6 de junio de 1961 el castrismo creó el Ministerio del Interior (MININT) y proclamó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza.
Con el transcurso de los años el tristemente célebre MININT se ha convertido en la institución represiva por excelencia de la dictadura. Mediante la Seguridad del Estado y los cientos de miles de confidentes a sueldo que posee ha invadido todos los ámbitos de la sociedad y penetrado la intimidad de nuestros hogares, hasta donde llega su intimidación y el control sobre las relaciones familiares, llamadas telefónicas, correspondencia y otras actividades cotidianas, sin que los cubanos contemos con una ley que nos proteja de tales arbitrariedades.
La nueva Constitución establece numerosos derechos ciudadanos que continúan siendo formales, porque son violados constantemente por el gobierno cubano sin que se aprecie voluntad política para promulgar rápidamente las leyes complementarias que los garanticen.
Con el transcurso de los años conseguir un reemplazo para las fuerzas represoras del organismo se ha convertido en un serio problema, sobre todo en las provincias más occidentales del país, las que ven obligadas a captar a jóvenes del Oriente para mantener la estabilidad de sus fuerzas. No en balde es notoria la connivencia de la Fiscalía Militar y de los altos mandos del MININT con los abusos que estos represores cometen en contra de la ciudadanía, pues si adoptaran medidas drásticas se quedarían sin muchos de los más desalmados de sus miembros, precisamente los que más falta les hacen, esos cobardes que lo mismo golpean a un hombre esposado que arrastran a las dignas Damas de Blanco cada domingo.
Para hacer más atractivo el servicio para los jóvenes el MININT ha elevado de forma considerable el salario en los últimos años. Guardias de prisiones y hasta capitanes de la policía con un demostrado bajo nivel de instrucción pueden ganar hasta el doble del salario de un profesional universitario. Además reciben otros beneficios como bolsas con alimentos vendidos a bajos precios, vacaciones en lugares reservados únicamente para ellos y precios preferenciales en centros gastronómicos. No por gusto muchas de las tiendas recaudadoras de divisas están asignadas a este organismo y a otros que juegan un rol fundamental en el sostenimiento de la dictadura.
El pueblo cubano continúa sin conocer el dinero que el castrismo invierte en el MININT y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pues las cifras jamás se divulgan cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprueba el plan económico del año, algo que demuestra el carácter antidemocrático del máximo órgano de poder del Estado cubano y del gobierno que la dirige —verdadero depositario y ejecutor de la soberanía popular, la cual ha secuestrado para su sostenimiento— una situación que no ocurre en ninguna de las “putrefactas democracias capitalistas” donde los legisladores sí conocen estos datos y hasta los cuestionan públicamente. Aquí jamás hemos visto preguntar siquiera tímidamente a un diputado por la ausencia de dichos datos en el plan. ¡Y luego aseguran que la ANPP es soberana y representa al pueblo!
Con el transcurso del tiempo también ha disminuido la calidad humana y educativa de los miembros del MININT, sobre todo en las prisiones y en la policía, y si al principio de la dictadura castrista la fuerza de este organismo se ejercía principalmente contra los enemigos declarados y los delincuentes, hoy se aprecia un aumento desproporcionado del uso de la violencia y la represión ante la menor expresión de disenso ciudadano, sin distinción de su posición política, aunque con mayor fuerza cuando se trata de un opositor pacífico o un periodista independiente, lo cual se premia.
También se constata entre sus chivatos a sueldo una mayor presencia de personas de la peor ralea, pues mientras “colaboran” lucran de disímiles modos sin que les ocurra absolutamente nada.
Concomitantemente, el 6 de junio de 1961 el Consejo de Ministros —que desde 1959 usurpó para sí las funciones administrativas y legislativas— promulgó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, que dispuso que el Estado se apropiara de todos los centros de la educación privada existentes en el país y controlara absolutamente el sistema educativo que a partir de entonces comenzó su declive en perjuicio de la calidad de la enseñanza y a favor del adoctrinamiento ideológico de los niños y jóvenes, un suceso cuyas consecuencias son harto apreciables en nuestra actualidad.
Con tal paso el Estado acabó con la multiplicidad de opciones educativas y logró mantener a raya a la juventud, agente natural de todos los cambios. También eliminó la asignatura de Conducta Cívica e impuso programas acorde con la ideología marxista. Así se hizo de un rígido control del sistema educativo nacional y garantizó la eliminación de la libre circulación de las ideas, la limitación de los debates a los extremos que le convienen y puso en práctica una sistemática persecución contra los maestros y estudiantes que profesaran ideas religiosas, de acuerdo con el ateísmo militante que implantó y que alcanzó su clímax con las escuelas en el campo, separando a los adolescentes de sus familias, una de las causas esenciales de la crisis de valores acendrada en la sociedad cubana.
A pesar de que el gobierno impuesto en 1959 aseguró que iba a honrar los compromisos internacionales contraídos por la dictadura precedente, la nacionalización de la enseñanza fue y es una violación del artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por Cuba.
Gracias a esa violación, cubanos como el matrimonio guantanamero formado por los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito fueron sancionados a privación de libertad el pasado 22 de abril, únicamente por querer educar a sus hijos conforme a su fe cristiana, un suceso que ha provocado la repulsa de importantes organismos internacionales.