LA HABANA, Cuba.- El 11 de mayo de 2019, en medio de una marcha pacífica por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en la que se coreaba, entre otros, “Cuba diversa”, varios activistas fueron violentamente detenidos por los órganos represivos cubanos. Por entonces, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), calificó el suceso como un “show” orquestado desde Miami. Poco después tildaría a quienes se oponían a sus gestiones como “garrapatillas” y “servidores simples y vulgares del Imperio”.
Castro Espín se ha presentado como defensora y paladín de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En una nación donde el machismo y la homofobia se impusieron junto al proceso llamado “Revolución” (basta recordar los campos de concentración llamados UMAP, por solo citar un ejemplo), solo la “infanta” ha podido promover e incluso atraer para estas minorías algunos avances, fundamentalmente en cuanto a educación social, para ir eliminando estereotipos.
Pero “el precio ha sido alto”, afirma el actor y activista Daniel Triana: “un activismo sin rebeldía contra el poder es promoción de salud y relaciones públicas. Mariela Castro se ha autoproclamado vocera de una comunidad a la que no pertenece y a la que no entiende. Le hacen la guerra al verdadero activismo: el que no tiene compromisos con los poderosos y el que cuestiona a esas estructuras. El que tiene descaro, frescura y honestidad. El que tiene rabia creadora, sex-appeal, imaginación”.
Y es que para Mariela Castro se ha convertido en un negocio. Aunque no existe transparencia respecto a los fondos y su finalidad, algunos datos han logrado salir a la luz pública. Por ejemplo, solamente en 2010 el CENESEX recibió casi 89 000 USD por parte de la organización norteamericana Atlantic Philanthropies.
Cuatro años más tarde, según un reporte de The New York Times, el embajador noruego en La Habana, John Petter Opdahl, declaró haber aportado “más de 230 000 dólares a la organización de Mariela Castro durante los últimos dos años”.
Hacia 2019, una ex funcionaria del CENESEX reveló que anualmente la entidad recibía unos dos millones de dólares provenientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los cuales, en su mayoría, se embolsillaba Mariela Castro y su séquito.
De igual forma, la fuente señaló que el CENESEX se fundó para controlar “a una comunidad que cada vez se está haciendo más fuerte (…), la idea es controlar esa masa y limpiar la imagen de la revolución, además de captar la ayuda internacional, sobre todo cash”.
El CENESEX figura como uno de los socios del Sistema de Naciones Unidas. En 2017, la propia Mariela Castro reconoció que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es “una agencia con quien tenemos estrechos vínculos y cuyo apoyo ha sido muy importante para el desarrollo del Programa cubano de Educación Sexual”. Afirmó igualmente que mediante el UNFPA se recibían importantes fondos, aunque no detalló el monto.
A mediados de 2021 Gaviota, empresa hotelera perteneciente a GAESA (Grupo de la Administración Empresarial S.A.), entidad dirigida precisamente por el ex cuñado de Mariela Castro, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, anunció la apertura del hotel Telégrafo, inaugurado este martes, el primero destinado a la comunidad LGBTIQ+ en La Habana. El anuncio recibió las críticas de activistas que denunciaron que se trataba de atraer al turismo, de una “estrategia de inclusión para recaudar divisas”.
Asimismo, desde hace más de una década, en la Isla se realizan operaciones de cambio de sexo. No es de extrañar que Castro Espín se haya estado preparando fundamentalmente para hacer de ello un negocio que atraiga igualmente al turismo y los fondos de cooperación.
“Un reclamo legítimo para dividir a la sociedad civil”
Pese a su empuje desde el poder, Mariela Castro no logró que en la Constitución de 2019 se reconociera el matrimonio igualitario. El artículo que daría paso al mismo fue eliminado durante la consulta popular debido a la oposición mayoritaria de la población. Pero Castro, como alertó entonces, no se quedaría de brazos cruzados.
Poco antes de aprobarse la versión del anteproyecto, a mediados del pasado año, el Ministerio de Educación se vio obligado a pausar la Resolución 16, esa en la que establecía un programa de educación sexual en Cuba con enfoque de género y criterios inclusivos para la comunidad LGBTIQ+. La presión de los padres fue determinante.
Ante estos ejemplos, para muchos es evidente que la sociedad cubana aún se muestra reticente a estos cambios, sobre todo luego de décadas de promover la homofobia desde el poder político, y que primero debe haber una mayor educación al respecto, una evolución social, y también una disculpa de los Castro por todos esos homosexuales que sufrieron cárcel, aberraciones y abusos en las UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción), no una “imposición” como la que se pretende.
En cambio, para Daniel Triana el matrimonio igualitario y la posibilidad de que estos adopten o tengan hijos es una cuestión que ni siquiera se deben someter a consideración pues se trata de derechos fundamentales de grupos minoritarios como el que él representa.
Aunque reconoce que el proceso de consulta se desarrolla en momentos de crisis económica y social, con cientos de presos políticos, y que el régimen pretende con ello desviar la atención y mostrarse progresista y democrático en medio de constantes violaciones de derechos humanos, afirma que “hay que apoyar toda posibilidad concreta de dignificar la realidad de personas que han sido tratadas como indignas desde su nacimiento. Estamos en deuda con esas personas. Para muchas de ellas este Código de las Familias es lo que llevan esperando toda su vida. Será un sueño realizado, un comienzo, la posibilidad de felicidad y de legitimación social a las nuevas generaciones de personas sexo-diversas. Puede ser también el allanamiento del camino para la conquista de derechos fundamentales como el reconocimiento de las identidades trans y no binarias, y la protección de esas infancias”.
Asimismo, pese a que se cuestiona todo lo que venga del castrismo, porque participar de un proceso como este sería legitimar el sistema, afirma que, al menos de manera pública, apoya el Código.
“Un régimen liberticida no se combate privando de libertades a las minorías. Si crees que una forma de luchar contra el opresor es oprimiendo a lxs más débiles revisa tus estrategias… Hay algo mal ahí. Reimagina la lucha desde la empatía y el amor. Siempre el amor”, añadió.
El activista y ex integrante del grupo Archipiélago, Leonardo Fernández Otaño, comparte la opinión de que se trata de cuestiones que ni siquiera se deberían someter a referendo.
“El Código de las Familias es el resultado de la lucha de los colectivos para poder tener una vida digna. Es así de sencillo. Usted decida sobre su modelo de vida, pero no se lo imponga a la sociedad, esta es diversa y en ella como espacio de convivencia todos debemos tener el derecho a tener derechos. No vivimos en cristiandad, si algo se le debe agradecer al liberalismo es la separación Iglesia-Estado, entonces pidamos por nuestros derechos religiosos, pero no queramos obstaculizar el de otras minorías”, sostuvo el historiador e investigador social.
Aunque el abogado y periodista René Gómez Manzano opina que es justo “el llamado matrimonio igualitario”, sostiene igualmente que con lo que no está de acuerdo es “con que se utilice, con ese fin (formalizar estas uniones), la milenaria institución del matrimonio, cuyo surgimiento es incluso anterior al del Estado; que se desvirtúe su esencia -que durante milenios fue la unión de un hombre con una mujer- para acomodarla a una moda que ahora está en boga entre ciertas personas”.
De manera similar opina el abogado y cristiano Roberto Jesús Quiñones Haces, quien, aunque asegura estar en contra de toda discriminación por motivos de orientación sexual y que si estas personas quieren formalizar su unión están en su derecho, defiende la institución del matrimonio “tal y como fue concebida por mandato de Dios: la unión entre un hombre y una mujer”. Por tanto, no está de acuerdo con llamar las uniones entre personas del mismo sexo como matrimonio. “Los franceses solucionaron esto de forma práctica e inteligente, sin llamar matrimonio a esas uniones, le llamaron ‘pacto de solidaridad civil’”.
Por su parte, el pastor José Yvan Rodríguez Yanes, representante en Cuba de la Federación para la Paz Univesal (UPF) y de la Federación Mundial de Familias, afirma que la consulta popular implementada por el régimen no comprende un debate sincero, sino partidista, pues, por ejemplo, en los medios de difusión masiva solo se muestra la postura gubernamental, favorable al nuevo Código.
“Sin un debate real todo es mentira. Yo creo que este es un pie forzado del régimen, algo fabricado con varias intenciones: manipular a la opinión pública internacional, mostrarse como un país democrático, de libertades y derechos, progresista, y, a la vez, seguir restringiendo y controlando más a la población. El régimen está usando a estas minorías para un propósito macabro: perpetuarse en el poder”, señaló.
Aunque no está a favor del Código, sobre todo por defender la concepción tradicional de familia, para Rodríguez Yanes esta “es una cortina de humo, vienen cosas peores, están conectando el Código de Familias con el Código Penal para cerrar más las filas y coartar todo tipo de libertades. Si tanto quieren inclusividad por qué no se extiende a otras áreas como la filiación o criterios políticos, o no obligar a la gente a decir Patria o Muerte cuando quieren decir Patria y Vida”.
El pastor propone, en cambio, un debate real e inclusivo entre los diferentes sectores de la sociedad civil cubana. Por su oposición al Código de las Familias y difundir sus ideas al respecto en su comunidad habanera asegura haber recibido presiones y amenazas de los órganos represivos cubanos.
Otros opinan que debatir es en vano, pues se trata de un teatro orquestado por el régimen, es algo que ya se ha aprobado desde el gobierno por responder a intereses económicos y políticos de un sistema donde no hay derechos, sino que es totalitario.
No obstante, los debates en torno a este tema siguen confrontado fundamentalmente a la comunidad LGBTIQ+ y partidarios de la aprobación y respeto de sus derechos, con sectores más conservadores de la sociedad que se oponen, preocupados además por la familia y la autoridad sobre los hijos.
“El mayor problema es que el régimen está presentando el proyecto como un todo incuestionable y parece reacio a aceptar los señalamientos que se le hagan en consulta popular. El plebiscito no solo es ominoso, sino que está obligando a una parte de la población a ponderar a la otra. Si no permiten modificaciones nos ponen en una disyuntiva: aceptar el matrimonio igualitario vs desaparición de la patria potestad, o proteger la patria potestad vs postergación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, lo cual es una ruindad sin par por parte del régimen, que está jugando con un reclamo legítimo para dividir a la sociedad civil”, sostiene Fernando Almeyda.
Ante ello, el abogado propone unirse como sociedad civil, “hacer causa común por lograr la protección de ambos, tanto el matrimonio igualitario como la patria potestad, pues si bien soy consciente de las reticencias e incomprensiones de varios sectores, estoy seguro de que las posiciones más progresistas somos mayoría y el régimen tendrá que escuchar y ceder. Estamos a tiempo”.
Un punto en común entre Almeyda, Fernández Otaño -ambos partidarios de la aprobación del matrimonio igualitario- y el Pastor Rodríguez Yanes, es la preocupación por el nuevo Código Penal, el cual deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el mes de abril próximo, sin ser sometido a consulta popular.
“El código que debe ir a plebiscito es el penal, pues mañana va a destrozar la felicidad de las familias cubanas, de la composición que sean. Cuando su hijo se manifieste o si se dedica a escribir y cobrar por su trabajo y sea condenado, no digan que no se lo advertí. Es más, le preguntaré dónde estaba cuando protestamos contra el código penal, muchos no responderán, cayendo en la cortina de humo que levantó el gobierno con el Código de las Familias”, advierte Fernández Otaño.
Para el historiador, se trata de “construir ciudadanía”, y agrega: “recuerden que esto va de desmontar un estado totalitario”.
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