Yoni está pagando el sueño de hacerse rico en Cuba

LAS TUNAS, Cuba. – El mayor productor de carne de cerdo en la provincia Las Tunas, el agricultor de 44 años de edad Yoni Castelló Sales, residente en el barrio rural Itabo, perteneciente al municipio Puerto Padre, este 17 de enero cumplió nueve meses en prisión provisional por un presunto delito de cohecho, sin que todavía esta semana, la Fiscalía pronunciara sus conclusiones acusatorias.

Yoni fue arrestado en su casa, la mañana del 17 de abril de 2018, mediante un aparatoso operativo policial que incluyó drones de observación e investigadores venidos de La Habana.

“Yo voy a demostrar a Puerto Padre y a Las Tunas que Yoni es un corrupto”, aseguró uno de los investigadores.

Pero a los investigadores ha sido difícil probar esa afirmación; no le han bastado los sesenta días previstos por la ley, ni los seis meses que concede de prórroga, para probar fehacientemente que Yoni es autor de los delitos de tráfico de influencia y cohecho manifestados por la acusación inicialmente.

Como no fue probado el tráfico de influencia, persiste la acusación por cohecho. La imputación se sustenta en… “una pierna (de cerdo) de 22 libras que dicen Yoni le mandó al jefe de la fábrica de pienso”, dijo un vecino.

Siendo así habría que decir que, como cohechador, Yoni sería muy tacaño, pues precisamente poco tiempo antes de ser encarcelado, había vendido a la empresa porcina estatal un lote compuesto por 1800 cerdos de más de 100 kilogramos cada uno.

Y 1800 cerdos proporcionan 3600 piernas y otras tantas paletas, 7200 excelentes piezas para asar, de las que investigadores policiales nacionales, supervisados por la Fiscalía General de la República, sólo han podido “probar” que, una, fue dada por Yoni en concepto de soborno a un directivo de una fábrica de pienso.

Pero estamos hablando de un solo lote, la última piara de cerdos que, poco antes de llevarlo preso, Yoni vendió legalmente a quien, en Cuba, en esa magnitud, sólo es legítimo vender, al monopolio que constituyen las empresas cárnicas estatales.

Decimos la última piara de 1800 cerdos, porque en los últimos años Yoni ha vendido decenas de lotes como ése, miles de cerdos, cuyo importe monetario hoy está invertido en su cochiquera, y otra parte permanece ocupado en el Banco estatal, donde únicamente es lícito para los cubanos mantener dinero en cuentas para operaciones comerciales.

Acusadores policiales y fiscales sostienen que en este caso hubo pérdidas económicas en empresas estatales, pero al respecto un abogado afirma: “Por lo que sostienen estarían hablando de incumplimientos de contratos, no de un delito de cohecho”.

En el delito de cohecho concurren dos perfiles; el cohecho pasivo, que es el funcionario público sobornado, y el cohecho activo, que es el particular sobornador. Pero como a la hora de hacer el amor, para que concurra un delito de cohecho hacen falta dos.

Un penalista de renombre, Francesco Carrara, en Programa del Curso de Derecho Criminal, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947, dice de “la necesidad de dos sujetos activos, el sobornador y el sobornado.”

Ciertamente, según el ritual jurídico en el derecho universalmente aceptado, para que concurra un delito de cohecho no es necesario que el funcionario público llegue a realizar el acto solicitado por el sobornador, basta que esa persona particular haga el ofrecimiento de dádivas o lo prometa.

Pero aún en esas circunstancias incompletas entre sobornado y sobornador, a policías y fiscales encargados de acusar a Yoni, se les ha hecho complicado transformar las informaciones (de confidentes) en pruebas, incluso, manteniendo al acusado en prisión provisional y pidiendo tiempo extra para investigar lo que en nueve meses no han podido probar.

En el escrito en que solicite la apertura a juicio oral, entre otros conceptos jurídicos, el Fiscal debe precisar, según el resultado de las investigaciones, los hechos que constituyen delito, su calificación legal y el grado de participación del acusado.

El término de la fase preparatoria a juicio oral no debe exceder de “sesenta días”, y según la Ley de Procedimiento Penal, el jefe del instructor que lleve el expediente de fase preparatoria, sólo puede prorrogar “justificadamente” ese término por “seis meses”.

Para conceder prórroga y prolongar la investigación penal sobre ese plazo de seis meses, de forma “excepcional”, sólo está facultado el “Fiscal General de la República” a instancia del jefe provincial del Ministerio del Interior o el Fiscal Jefe Provincial.

La acusación contra Yoni Castelló Sales, y el mantener su prisión sin que un jurado lo haya sancionado, luego estamos hablando de una persona inocente, es decisión de la Fiscal General de la República, que la hace suponer que el acusado es culpable, y cabe preguntarse, ¿por qué?

La interrogante es válida porque el Código Penal cubano en el artículo 8.2 conceptúa: “No se considera delito la acción u omisión que, aún reuniendo los elementos que la constituyen, carece de peligrosidad social por la escasa entidad de sus consecuencias y las condiciones personales de su autor.”

Luego… ¿Cómo la Fiscalía General de la República autoriza la permanencia en prisión, acusado por un delito de cohecho, de una persona sin antecedentes penales y buena conducta que, de forma pública y notoria, con aprobación de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, se convirtió en el mayor productor de carne de cerdo de una de las provincias del país…?

La respuesta debemos buscarla en el artículo 30 de la recién aprobada Constitución que dice: “La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado…”

Postulado constitucional al que habría que añadir: Y cuando el Estado lo considere envía a prisión a las personas naturales y confisca sus propiedades. El caso de Yoni es un buen ejemplo ¿no? Cuando lo sancionen oficialmente, (extra oficialmente ya lo está) diremos con cuántos años de prisión y propiedades confiscadas, Yoni está pagando el sueño de hacerse rico en Cuba.