LA HABANA, Cuba, 16 de enero de 2013, 173.203.82.38.- Laura Isabel Puentes Terry, de 22 años, residente en calle Sariol 213, entre Maceo y Masó, Manzanillo, provincia Granma, descollaba por sus movimientos acompasados y su figura estilizada. El baile le atrajo desde pequeña.
La gerencia del Hotel Marea de Portillo, del municipio Pilón, provincia Granma, dedicado al turismo foráneo, contrató a la joven como bailarina. Cumplía su trabajo artístico con gusto y rigor profesional, pero no pudo terminar el contrato. De repente, el hechizo se perdió. Comenzó su calvario la mañana del 3 de enero de 2012 cuando dos agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior, la detuvieron en su vivienda y la condujeron en un auto patrullero a la estación de policía. Le dijeron que tenía que acompañarlos para responder unas simples preguntas.
Mentían. La encerraron en un calabozo incomunicada, sometida a interrogatorios conducidos por el oficial Michel durante tres días. Fue inculpada como jinetera (prostituta) por el supuesto delito de tener amistad con turistas extranjeros en su trabajo. Los interrogadores dijeron tener vídeos con conversaciones que demostraban la relación con extranjeros.
Laura negó la supuesta relación y pidió le mostraran las pruebas. Por respuesta le dijeron que con qué derecho pedía, si ella era un jinetera y no tenía ningún derecho, que las filmaciones serían mostradas en el juicio, según cuenta Sonia Bertot, amiga de Laura.
Laura Puentes quiere se conozca que fue groseramente ofendida, humillada y niega las imputaciones en los interrogatorios y en el juicio contra su persona y no logra entender las verdaderas razones por la que fue juzgada y condenada, porque no pudieron presentar pruebas, ni siquiera las grabaciones con que la amenazaron porque en verdad no existían.
Nada. Tampoco permitieron la presentación de testigos en el juicio, vecinos del barrio y compañeros de trabajo dispuestos a explicar sobre su correcta actitud laboral y ciudadana.
Laura Puentes fue condenada a dos años de privación de libertad. Cumplió ocho meses tras las rejas. Actualmente cumple sanción de trabajo correccional sin internamiento como empleada de la estatal Empresa Eléctrica en Manzanillo. Por supuesto, perdió su trabajo en el hotel.
El Ministerio del Turismo (MINTUR) tiene estrictamente prohibido a sus empleados sostener conversaciones, mucho menos establecer amistad, con extranjeros. Solo el imprescindible intercambio de palabras en función laboral, a prudencial distancia. Un apartheid.
Los empleados desempeñan sus labores con demasiado estrés. Se saben vigilados, controlados. Temen que cualquier simple intercambio de palabras sea malinterpretado con igual desenlace como ocurrió con esta bailarina: caer preso y perder el empleo en el hotel que les reporta algunas migajas. Así en todas las instalaciones turísticas al servicio de extranjeros.
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