MIAMI, Estados Unidos.- Desde este 26 de mayo las personas del mismo sexo o género podrán casarse en Costa Rica, tras cumplirse el plazo concedido por la Sala Constitucional de la nación centroamericana al Congreso para legislar sobre el derecho de las personas LGBT+ a contraer matrimonio.
Como no hubo legislación, tras 18 meses de espera, la Justicia del país procedió a derogar los artículos “inconstitucionales” que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo o género.
“Es un paso en materia de igualdad y no discriminación. Es un día en que se camina en la tarea que tenemos en el país para que todas las parejas sean tratadas igual, indistintamente de su identidad sexual o de género, de su raza, de su sexo, del lugar en donde viven”, declaró a la agencia de noticias EFE la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.
Con la entrada en vigor de la nueva norma, el país se convirtió en la primera nación centroamericana que permite el matrimonio igualitario, la octava de las Américas y la vigésimo novena del mundo.
En la región, solo Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay permiten el matrimonio igualitario a nivel nacional o federal. Por su parte, México lo reconoce en varios de sus estados y Chile permite la unión civil.
El avance de la región contrasta con la situación de varias islas caribeñas que todavía criminalizan las relaciones homosexuales, y con la de otros países que han declarado su rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo o han evitado aprobar legislaciones que lo reconozcan.
En el mapa de la región se distingue particularmente Cuba, cuya homofobia de Estado conllevó a la creación de campos de trabajo forzado ―las llamadas Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP)―, adonde fueron confinados miles de homosexuales, religiosos y desafectos al régimen entre 1965 y 1967.
Hoy, sin embargo, el Gobierno de la Isla lleva adelante una intensa campaña para reescribir el pasado homofóbico y restar importancia a las violaciones de derechos humanos contra las personas LGBT+ que ocurrieron al inicio de la llamada Revolución.
Mariela Castro Espín, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija del general de ejército Raúl Castro Ruz, no solo ha pedido a sus seguidores olvidar los hechos del pasado para seguir adelante en la “construcción del socialismo”, sino que, recientemente, llegó a comparar a las UMAP con escuelas en el campo.
Tales declaraciones generaron la crítica generalizada de los activistas LGBT+ independientes cubanos y de investigadores sobre el tema, que otra vez han confirmado sus hipótesis sobre el papel del CENESEX como estrategia política para limpiar la imagen de la Revolución.
Una trama de homofobia estatal que se inicia en las UMAP también conllevó a que a finales de 2018 el Parlamento cubano postergara el derecho de las personas LGBT+ a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo o género. Peor aún, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba determinó que únicamente el Código de las Familias ―la ley donde se definirá el matrimonio― sea sometido a consulta y referéndum populares.
Con su estrategia falsamente democrática, el régimen cubano pondrá los derechos humanos de un grupo social en manos de la mayoría. Si el matrimonio igualitario no llegara a aprobarse en 2021, no será responsabilidad del Gobierno, sino mandato del pueblo.
En efecto, el panorama cubano contrasta con la nueva realidad de Costa Rica, el primer país en seguir la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en enero de 2018 pidió a las naciones de la región garantizar los derechos de la población LGBT+.
Poco a poco, detrás de Costa Rica otros países de América Latina irán derribando los cercos que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo o género. En Cuba también “caerán”, pero no cuando lo reclamen las personas LGBT+, no porque sea justo asegurar los derechos humanos de todos los grupos sociales. Caerán cuando el régimen crea que ya dañó suficientemente su falsa imagen de progresismo.
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