MIAMI, Estados Unidos.- Cuatro médicos cubanos residentes en Estados Unidos que planean denunciar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su intermediación entre los Gobiernos de Cuba y Brasil en el programa Mais Médicos, recibieron este lunes la aprobación para iniciar el proceso legal de parte de un juez federal de Washington DC.
Según el sitio especializado Bloomberg Law, la denuncia, que se ampara en la Ley de Protección de Víctimas de Trata (TVPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas, reclama que los galenos fueron obligados por el régimen cubano a ingresar al programa en Brasil a cambio de muy poco dinero por su trabajo.
La OPS supuestamente sirvió como intermediario financiero para los Gobiernos, y permitió la transferencia de 1 500 millones de dólares de Brasil a Cuba por medio de la cuenta Citibank de ese organismo en Washington, DC, además, dijo el juez James E. Boasberg, la OPS retuvo el 5% de esos fondos, unos 75 millones de dólares como honorarios por sus servicios.
De acuerdo al tribunal federal, esa actividad comercial, así como la retención de tarifas, reafirma la denuncia de los médicos cubanos de que la OPS se benefició del trabajo forzoso de los profesionales de la salud de la Isla en Brasil.
A la espera de cómo fluyen dichas demandas, Bloomberg Law aclara que la OPS no es inmune sanciones por este tipo de violaciones, y que en EEUU la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud no protegen a la OPS, pues no son leyes nacionales.
El Gobierno de Cuba decidió retirar de manera repentina a finales de 2018 a los cerca de 11 000 médicos cubanos que se encontraban en el país suramericano, luego de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro exigiera que los galenos recibieran todo su salario y pudieran llevar a sus familias a Brasil.
Desde hace varios años médicos cubanos que han abandonado las llamadas “misiones médicas”, así como organizaciones internacionales, han denunciado al régimen de La Habana por lo que llaman trabajo forzoso o esclavitud del siglo XXI, aunque el gobierno de la isla se ha empeñado en negar dichas acusaciones.
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