CUBALEX condena el reciente ataque del gobierno a su sede en La Habana

MIAMI, Estados Unidos.- La organización cubana de juristas independientes Cubalex ha publicado este jueves una declaración donde condena “el reciente ataque hacia sus instalaciones” y exige “fin a la represión del gobierno”.

La sede de la ONG que dirige la abogada Laritza Diversent fue allanada por autoridades de diversos organismos del Gobierno el pasado viernes, entre ellos el Ministerio del Interior (MININT), la Fiscalía General de la República y la Oficina Nacional de Administración Tributaria, con el argumento de una supuesta actividad económica ilícita.

La funcionaria Beatriz Peña de la O, de la Fiscalía General de la República, y el teniente coronel Juan Carlos Delgado Casanova, instructor de la División de Investigación Criminal y Operaciones del MININT, ingresaron al inmueble ilegalmente junto a un grupo de agentes gubernamentales, que luego de una hora de registro confiscaron cinco computadoras de escritorio incluyendo un servidor, cuatro laptops, tres impresoras láser, siete teléfonos móviles, cámaras de seguridad, así como los archivos de 300 casos atendidos por la oficina de asesoría legal, cuyos servicios son gratuitos.

Tras el allanamiento, los integrantes de Cubalex fueron sometidos a interrogatorios. Cinco de ellos —cuatro mujeres y un hombre— fueron además obligados a desnudarse. A ninguno de los miembros de la ONG se les permitió ingerir alimentos durante 13 horas.

Dos integrantes de Cubalex fueron detenidos ese mismo día. De ellos, el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo continúa incomunicado en la unidad de policía de la calle Zanja, en Centro Habana.

Describe el comunicado de Cubalex que, una hora antes de la operación policial, la comunicación por celular de los ocho miembros de la organización que en ese momento se encontraban en la sede fue cortada, así como la de sus familiares.

“Esta no es la primera vez que los integrantes de Cubalex sufren algún tipo de hostigamiento por la labor de defensa de los derechos humanos que realizan en Cuba”, declara el comunicado.

En marzo pasado, y por tercera ocasión, la secretaria ejecutiva de esa organización, Yamara Rodríguez Curbelo, fue citada oficialmente por la Policía para ser interrogada.

Cubalex cuenta con la protección oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual solicitó al Estado cubano el 22 de abril de 2015 que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de la ONG, mediante la medida cautelar número 96-15. La Comisión exigió además que se les permitiera ejercer su trabajo sin ser víctimas del hostigamiento.

Sin embargo, debido a los hechos ocurridos el viernes, “Cubalex teme que el gobierno cubano inicie acciones para confiscar administrativamente el inmueble donde ha funcionado la organización de manera estable durante cinco años”, apunta la nota divulgada este jueves.

Añade el comunicado que “Cubalex se encuentra totalmente expuesta a procesos penales y administrativos, y a la aplicación de la Ley 88 (‘Ley Mordaza’). Está en riesgo nuestra libertad e integridad personal”.

Por último, los juristas exigen “la libertad inmediata de Julio Alfredo Ferrer Tamayo”, así como solicitan “el apoyo de la comunidad internacional y un seguimiento a nuestro caso”.