MIAMI, Estados Unidos.- El pasado mes de julio en Cuba hubo cinco nuevos presos políticos, para un total de 132 encarcelados por el régimen comunista de La Habana, según el más reciente informe de Cuban Prisoners Defenders.
De acuerdo a la organización, la cifra confirma la “creciente situación represiva” en la Isla, lo que ha dejado en los últimos 11 meses un total de 43 detenidos por razones políticas, “todos ellos por causas dirigidas por la Seguridad del Estado”, reza el informe.
¡Atención! Actualizamos lista de presos políticos en Cuba. 5 nuevos este mes de julio hacen 43 nuevos presos políticos en 11 meses, por causas dirigidas por la Seguridad del Estado, más débil que nunca en Cuba, e internacionalmente: https://t.co/oDrYqIxCPu
— Cuban Prisoners Defenders (@CubanDefenders) August 3, 2020
Así mismo, Cuban Prisoners Defenders denunció que “la represión carcelaria ejecutada este último mes confirma la desagradable tendencia, al alza, que ya alcanza los 4 presos políticos nuevos mensuales. Con ello percibimos claramente, una vez más, el recrudecimiento del accionar represivo para compensar la debilidad social del régimen impuesto por la Seguridad del Estado y la familia Castro”.
Entre los opositores condenados por la dictadura castrista, para los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado Medidas Cautelares de Protección Internacional, el texto menciona a dos opositores incluidos el pasado mes: Silverio Portal Contreras y Keilylli de la Mora Valle.
Los incorporados a la lista el pasado mes de julio son Elio Juan Arencibia Breque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez.
Según el informe, Cuban Prisoners Defenders reconoce además de los presos políticos y de conciencia, desde enero del presente año, “otros 11 000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8 400 de ellos convictos y 2 538 condenados”, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, “por cargos denominados en el Código Penal como ‘pre-delictivos’, es decir, sin delito”.
“Las medidas de seguridad predelictivas vigentes, de hasta 4 años de cárcel, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es infame y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen califica arbitrariamente, aísla de la comunidad y posteriormente condena penalmente a inocentes en un número de miles cada año, por medio del uso de su Código Penal”, reza el texto de la organización, con sede en Madrid.
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