MIAMI, Estados Unidos. – Este miércoles, otro activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) resultó detenido al salir de la sede nacional del grupo opositor, en Santiago de Cuba.
Se trata de Yordanis Chávez Roll, quien todos los días permanece alrededor de ocho horas en la sede de Altamira como parte de su activismo.
En la tarde de ayer, el oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Mario interceptó a Chávez y lo obligó a subir al auto de patrulla que permanece apostado en el lugar desde hace 20 días, como parte del operativo policial que sostiene el Ministerio del Interior contra la organización.
El activista fue conducido hacia la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Allí lo mantuvieron por siete horas en un calabozo.
Fue liberado con una multa de 150 pesos cubanos (CUP) por, supuestamente, “violar el dispositivo de seguridad”. Los oficiales se negaron a entregar el talonario porque Chávez resolvió no firmar.
“Fue una multa arbitraria. Yo salía de la sede como todos los días y ellos fueron los que cometieron una violación al arrestarme y llevarme al calabozo, por eso no firmé la multa ni tampoco la voy a pagar” explicó Yordanis a CubaNet.
En el mes de diciembre, Yordanis Chávez Roll fue detenido y acusado de haber pintado un grafiti en las paredes exteriores de un Politécnico ubicado cerca de su vivienda.
Ese día, los oficiales que lo pusieron bajo arresto lo golpearon, abofetearon, patearon y, por último, le zafaron un diente.
Chávez Roll ha sido víctima de numerosas detenciones, así como de allanamientos en su vivienda. Le han impuesto varias multas que suman más de 6 000 CUP, las cuales se niega a pagar.
Según el opositor, también promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, la amenaza de prisión continúa latente por permanecer en la UNPACU. Su esposa, Lisandra Rivera, fue llevada a prisión por realizar protestas públicas pacíficas en las calles santiagueras.
José Daniel Ferrer García, líder del grupo opositor, indicó que el operativo que rodea la sede no solo limita la entrada y salida de los activistas, sino que ahora amenazan con prisión a los ancianos enfermos y desamparados que acuden a la UNPACU para recibir alimentos, medicamentos y otros servicios gratuitos que ofrece el movimiento como parte de sus proyectos sociales.
“Es criminal lo que están haciendo con esas pobres personas que no tienen a donde más ir. El régimen no les garantiza absolutamente nada para que puedan alimentarse debidamente pero tampoco permiten que otros lo hagamos”, denunció Ferrer.
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