MIAMI, Florida.- Un informe sobre la libertad religiosa en el mundo durante el año 2017 publicado este martes por el Departamento de Estado de EEUU ha dedicado un apartado al caso de Cuba.
De acuerdo al documento, la práctica religiosa en la isla caribeña continúa bajo vigilancia del Partido Comunista. Pese a que se ha mostrado una mayor tolerancia para las actividades caritativas de las iglesias, se continúa reprimiendo a quienes exigen mayor libertad de culto.
El régimen cubano aún recurre a las amenazas, restricciones de viaje, detenciones e inclusive la violencia física contra algunos líderes religiosos así como sus seguidores.
Asimismo las autoridades de EEUU han notado que el Partido Comunista de Cuba continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en el país a través de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos (OAAR), un departamento del su Comité Central.
La Constitución vigente en la Isla prohíbe la discriminación por motivos religiosos, pero la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) enumeró 325 violaciones de la libertad de culto en 2017.
La mayor parte de las violaciones enumeradas CSW incluyen las acciones del Gobierno cubano para evitar que las Damas de Blanco asistan a misa, además del ya mencionado hostigamiento a los religiosos que defienden la libertad de culto u otros derechos humanos.
No obstante, CSW ha reconocido una “caída significativa” de los casos reportados en comparación con evaluaciones anteriores.
El Gobierno cubano por su parte había informado en mayo a las Asambleas de Dios (AG) que no ejecutaría órdenes de confiscación para 2000 templos de esa denominación, ni demolería una sede en Santiago de Cuba.
Asimismo miembros de iglesias cristianas evangélicas independientes han denunciado que las autoridades vigilan y detienen por períodos de tiempo variables a algunos de sus líderes y otros miembros.
Por su parte el Instituto Patmos, una organización que defiende la libertad religiosa en Cuba, reporta que las autoridades también reprimieron a cristianos afiliados a dicha institución, incluyendo amenazas, detenciones y expulsiones de la escuela o el trabajo.