MIAMI, Estados Unidos.- Este 11 de mayo fue liberado en Cuba el preso político Sandalio Mejías Zulueta, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.
Mejías Zulueta, que reside en La Habana, fue detenido el pasado 13 de enero cuando se encontraba sentado en el parque ubicado en las calles Monserrate y San José, del municipio Habana Vieja. Siete días después fue sancionado a un año de privación de libertad y trasladado hacia la prisión 1580.
Mientras esto sucede, la UNPACU denuncia el incremento de la represión contra sus activistas y los presos políticos en Cuba.
La semana pasada dos prisioneros políticos tuvieron que recurrir a una huelga de hambre para demandar el cumplimiento de sus derechos. Eider Frómeta Allien, de 30 años de edad, permaneció en estado de inanición del 9 al 11 de mayo, exigiendo que le proporcionaran sus medicamentos.
“A mi hijo lo trasladaron de la prisión de Guantánamo para Kilo 8 en Camagüey por gusto. Él padece de gastritis e hipertensión arterial y le quitaron todos sus medicamentos sin importarle su estado de salud”, denunció a CubaNet Griselia Allin, madre del opositor.
Frómeta fue llevado a prisión el 17 de enero de 2019, condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de “desobediencia”, pero al cumplirse el término de su sanción la Seguridad del Estado utilizó a un preso común para provocar una disputa. A raíz de este suceso, el joven fue condenado a otro año por el presunto delito de “lesiones”.
Otro de los que recurrió a la huelga de hambre por más de tres días fue el más reciente prisionero político de la UNPACU, Alien Muchulín Montoya, sentenciado este 8 de mayo a un año de prisión por “desacato”.
“A él lo vino a citar un oficial para presentarse al Tribunal, no le permitieron abogado y fue condenado en un juicio totalmente sumario”, dijo a CubaNet su esposa, Rosa Aurora Arévalo, quien confirmó que el opositor fue trasladado hacia la prisión Aguadores de Santiago de Cuba este 11 de mayo.
“Él se plantó en huelga de hambre porque está preso injustamente y le impidieron ver a sus familiares al ser trasladado por haber tomado esa decisión. Su encarcelamiento es en represalia a su activismo pacífico”, afirmó Yordanis Labrada Tellez, coordinador de la UNPACU en el municipio Songo La Maya, quien fue arrestado y multado este domingo.
En el mes de abril otros dos miembros del grupo opositor que se encontraban detenidos recurrieron a la huelga de hambre como forma de protesta. Maykel Herrera Bone, de La Habana, quien estaba detenido en la estación policial de 100 y Aldabó, después de deponer una huelga de hambre de 14 días fue trasladado hacia la prisión de Güines, en espera de juicio por el presunto delito de “atentado”.
En Santiago de Cuba fue Yuselín Ferrera Espinosa, liberado luego de 11 días en huelga de hambre y sed, varias golpizas y celda de castigo en la prisión Aguadores. Ahora espera en su vivienda. Al activista le fue impuesta una fianza de 1000 pesos en moneda nacional y se encuentra pendiente a juicio también por el presunto delito de “atentado”.
Junto a Yuselín Ferrera y Maykel Herrera, de igual forma por “atentado”, se encuentra pendiente a juicio el opositor Isaín López Luna, recluído en Valle Grande. Mientras que Keilylli de la Mora fue condenada a una sanción conjunta de un año y medio de privación de libertad por los presuntos delitos de “desacato”, “desobediencia”, “resistencia” y “propagación de epidemias”, pero se encuentra bajo prisión domiciliar durante el proceso de apelación.
Al preguntarle a Carlos Amel Oliva, miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide, su opinión sobre qué se puede interpretar de esta decisión del régimen de liberar a un preso político ocho meses antes de expirar su sanción, mientras encarcela a otros, declaró:
“En Cuba los casos de los presos políticos están en manos de la policía política de la dictadura, quienes usan el aparato judicial para a través de la fabricación de delitos comunes intentar dar un carácter legal a estos procesos y enmascarar la represión política contra los disidentes. En tan sentido el encarcelamiento, los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos, e incluso la liberación de un preso político, son parte de un proceso injusto que funciona como juego de intereses y conveniencia de Estado”, aseguró.
“Nada hay que agradecer por tales hechos, estos actos son únicamente reprochables. La tiranía usa a los disidentes presos como mercancía de cambio ante las peticiones de algún visitante ilustre al país que se interese por estos casos, o en procesos de negociaciones. Es lamentable, pero el estado cubano, que debería garantizar los derechos de todos los cubanos, se dedica a traficar con los derechos humanos de sus ciudadanos” concluyó.
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