LA HABANA, Cuba. – En el centro penitenciario de máximo rigor de Valle Grande, se encuentra prisionero el manifestante del 11J Andy Boza Padrón, de 26 años de edad, natural del municipio de Regla.
Según describió su madre, Maydelín Padrón Fernández, vía telefónica, Boza Padrón fue detenido el 11 de julio de 2021 en San Miguel del Padrón y trasladado a la Oncena Unidad de Policía de ese municipio. Varios días más tarde fue transferido a Ivanov, la prisión de jóvenes del municipio Cotorro, donde lo mantuvieron durante más de un mes.
Posteriormente, fue trasladado a la cárcel Jóvenes de Occidente ―antigua prisión de mujeres Manto Negro―, donde lo dejaron alrededor de seis meses. Por último, lo llevaron para donde se encuentra actualmente: la prisión de Valle Grande.
Maydelín Padrón señaló también que al momento de su arresto el manifestante trabajaba como estibador en el molino Turcios Lima, de Regla, y era el sostén de su casa, por lo que desde su encarcelamiento ella y su otra hija atraviesan dificultades económicas. La mujer denunció igualmente que su hijo fue condenado a nueve años de privación de libertad, acusado de los supuestos delitos de desacato, instigación a delinquir, atentado y desorden público, ninguno de los cuales cometió. El juicio en su contra fue celebrado los días 1 y 2 de agosto de 2022.
La mujer también destacó que su hijo padece de escoliosis y tiene una hernia en un testículo. Ha sufrido fuertes dolores en la prisión, al punto de necesitar una intervención quirúrgica, de la cual finalmente desistió porque no confía en el personal a cargo. Enumeró otras múltiples vejaciones, ofensas, humillaciones y torturas físicas perpetradas contra el joven durante su encierro; así como una serie de injurias y ataques a su reputación por parte de funcionarios públicos a cargo del caso.
Al llegar a Ivanov lo esperaba lo que Boza Padrón llamó una “cordillera” humana: un túnel de soldados de Tropas Especiales (Boinas Negras) que apaleaban a los prisioneros al pasar entre ellos. Esta tortura continuó jornada tras jornada, a cualquier hora del día o de la madrugada, durante una semana, hasta que le partieron un brazo a uno de los manifestantes.
La mujer indicó que a los padres y demás familiares de los reos no se les permitió hablar con ellos hasta una semana después de esas golpizas y únicamente durante un minuto, en conversación monitoreada por los militares. Tampoco pudieron verlos hasta otra semana después, en una breve visita vigilada de 15 minutos, en la cual no se les permitió besarlos ni abrazarlos, probablemente ―deduce Maydelín― para que al tocarlos no advirtieran los dolores y magulladuras de los prisioneros.
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