Más de una veintena de manifestantes del 11J serán enjuiciados en Holguín

LA HABANA, Cuba.- Entre el 11 y el 15 de enero próximo iniciará el juicio en la ciudad de Holguín contra los manifestantes del 11 de julio (11J) en esa provincia. Del total de 21 personas que serán procesadas como parte del Expediente de Fase Preparatoria No. 11 de 2021 de la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado -al que tuvo acceso CubaNet-, hay al menos cuatro menores de 18 años, y otros cuatro con 18 años cumplidos.

Los acusados son: Marcos Antonio Pintueles Marrero (18 años), Franklin Reymundo Fernández Rodríguez (20), Miguel Cabrera Rojas (50), Mario Josue Prieto Ricardo (26), Yosvanis Rosell García Caso (33), Maykel Rodríguez del Campo (34), José Ramón Solano Randiche (30), William Manuel Leyva Pupo (20), Cruz García Domínguez (59), todos se hallan cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva; Jorge Luis Martínez García (18), Jessica Lisbet Torres Calvo (27), Yoirdan Revolta Leyva (21), Miguel Enrique Girón Velázquez (24), Yasmani Crespo Hernández (32), Yoel Ricardo Sánchez Borjas (18), Ayan Idalberto Jover Cardosa (17), todos bajo fianza; y Samuel Torres Durán (18),Yeral Michel Palacios Román (17), Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17), Keyla Roxana Mulet Calderón (16), Iván Colón Suárez (51), quienes se hallan cumpliendo medida cautelar de obligación contraída en acta.

Las peticiones fiscales oscilan entre los 15 y 30 años de privación de libertad. En el caso de los menores de 18 años, la petición fiscal es de 15 años, para los otros cuatro acusados con 18 años cumplidos, es de 18 años de prisión.

Además, los acusados deberán abonar más de 24 000 CUP en conjunto por concepto de reparación de daños materiales al Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), al Complejo Monumentario Plaza de la Revolución, a la cadena de tiendas “División Oriente” y al Ministerio del Interior.

Un delito político

El fiscal Fernando Sera Planas declara en el documento que los acusados se manifestaron frente a la sede del PCC y de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la provincia y tuvieron enfrentamientos con la policía y la Brigada Especial (boinas negras). Asimismo, fomentaron la “alteración del orden” y gritaron “consignas contrarrevolucionarias”, algunas de las cuales “laceran profundamente sentimientos patrióticos en los que se ha formado el pueblo revolucionario cubano”. Por tales motivos, los implicados están siendo acusados del delito de “sedición”, uno de los que más altas condenas conlleva, incluso la muerte.

Según lo estipulado en el artículo 100 del Código Penal (CP) cubano, incurren en este delito quienes “tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes”.

La sanción máxima está entre los 10 y 20 años; sin embargo, a varios de los acusados se les aplicó agravante al delito.

El abogado y activista Fernando Almeyda explicó que “lo que el fiscal califica como una circunstancia agravante son los propios elementos constitutivos del delito de sedición, por ende carece de sentido pretender aplicar una circunstancia agravante, o sea, no pueden ser considerados agravantes circunstancias propias de la tipificación del delito”.

Para Almeyda, además de que el delito “está metido a la fuerza”, es decir, no se aplica, “se trata de una argucia para elevar el marco sancionador del delito para pedir, por ejemplo, 30 años de prisión”.

En el CP el delito de sedición se halla en la sección de “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado” por lo que se trata de un delito político, aplicado de forma ejemplarizante contra personas que se manifestaron contra la dictadura.

“Yo soy de Patria y vida”

Yosvanis Rosell García Caso está entre los cuatro casos a los que la Fiscalía Provincial de Holguín pide 30 años de privación de libertad. Fue detenido cuatro días después de las protestas del 11J y se halla cumpliendo medida cautelar de prisión provisional en el centro penitenciario provincial.

Inicialmente, a García Caso solo lo acusaban de “desorden público”. Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, denunció a CubaNet que García Caso ha sufrido varias vejaciones desde el momento de su detención: “fue como si fuese un asesino, vino un comandado a recogerlo, lo llevaron hacia ‘El anillo’, una unidad de policía, allí fue golpeado con la tonfa policial y luego dirigido a la unidad de instrucción penal en donde estuvo 20 días. Le fue negado el medicamento que debe tomar desde los 23 años pues es hipertenso y tiene problemas del corazón; ha sido llevado varias veces a celda de castigo, aislado, sin derecho a teléfono y a la hora de sol, por eso se plantó (hizo huelga de hambre) durante nueve días, para exigir sus derechos”. También, asegura su esposa, fue amenazado de muerte por el capitán Osvaldo Pérez, instructor penal de la Seguridad del Estado.

Tras una visita al penal, el 3 de diciembre último, su esposa publicó en redes sociales una carta en la que García Caso exponía su situación; entre otros, le “negaron el derecho a ver a mi abogado al que aún hoy, casi después de cinco meses, ni yo ni los que permanecemos presos aquí en la prisión provisional de Holguín los hemos podido conocer, (…) es evidente su complicidad con la dictadura”.

Rodríguez Sánchez también ha sido interrogada y amenazada por denunciar las violaciones a los derechos humanos de su esposo y exigir su liberación.

“(…) si después de lo antes aquí expuesto -señala García Caso en el mensaje- alguien me preguntara si me arrepiento de algo, con total firmeza le respondería que no; cómo arrepentirme de aportar mi grano de arena para ayudar a que en Cuba no haya más presos políticos, que pensar diferente sea un derecho y no un delito, que emigrar no sea la única alternativa para que los cubanos podamos vivir en democracia, prosperidad, para que no exista, como consecuencia, separaciones entre padres e hijos. Yo soy de ‘Patria y Vida’, eso no hay tortura física ni psicológica que lo pueda cambiar. Abajo el PCC. Libertad para todos los presos políticos, Patria y Vida”.

El joven de 33 años es padre de tres menores, de 13, cinco y tres años respectivamente; es herrero de profesión, para lo cual cuenta con licencia de trabajo. “Es el sustento de la familia, es terrible lo que estamos pasando”, refiere su esposa.

Cifras alarmantes

El 11J se desarrollaron protestas en más de sesenta localidades del país. Hasta la fecha, el grupo de trabajo “Justicia 11J” ha documentado la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios y de juicios ordinarios a 204 personas en las provincias de Matanzas, La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Artemisa e Isla de la Juventud; al menos otras 204 tienen peticiones fiscales y están en espera de juicio.

La semana próxima, entre el 10 y el 14 de enero, tendrá lugar también el juicio a manifestantes del 11J en Villa Clara. Entre los enjuiciados estará Andy Duniel García Lorenzo, joven de 23 años acusado de “desorden público” y “desacato”, con petición fiscal de siete años de privación de libertad. Junto a García Lorenzo serán procesadas otras quince personas de la misma provincia.

Según Prisoners Defenders, tras el 11J resultaron detenidos entre 5 000 y 8 000 personas; actualmente, la organización ha podido registrar 842 presos políticos, la mayoría de ellos a raíz del 11J y la cifra aumenta mensualmente.

Para Juan Pappier, Investigador Senior, División de América de Human Right Watch, debido a esta “aterradora represión del régimen cubano”, 2021 “probablemente sea al año con más presos políticos en el país en lo que va de siglo”.

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