MIAMI, Estados Unidos.- En una carta abierta enviada a Homero Acosta, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que al menos cuatro ciudadanos han sido detenidos en la isla por intentar “presentar solicitudes, quejas o recursos” a esa institución del régimen.
Firmada por Alejandro González Raga y Yaxys Cires Dib, Director Ejecutivo y Asesor jurídico & Director de Estrategias respectivamente, en la misiva se le reclama a Acosta que una de las funciones de su cargo, y de acuerdo al reglamento de la ANPP, era la de “examinar las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la población”.
Sin embargo, “nos dirigimos a usted para denunciar de manera vehemente que al menos cuatro ciudadanos cubanos que han presentado o intentado presentar solicitudes, quejas o recursos ante la ANPP, haciendo uso de derechos consagrados en la Constitución, han sido detenidos por este motivo de manera arbitraria y sometidos a otros métodos represivos”.
Para el Observatorio es realmente grave que “las instituciones del Estado estén vedadas para ciudadanos que actúan dentro del marco de la legalidad y los derechos constitucionales, solamente por no coincidir con los planteamientos oficiales”.
“Por más que no sea causa de sorpresa, es reprobable que funcionarios de gobierno ataquen desde la ANPP a otros ciudadanos, como lo ha hecho la ministra de Finanzas y Precios con los trabajadores por cuenta propia, llamándoles ‘parásitos’. También es reprobable que el presidente de dicho órgano diga en sede parlamentaria cosas como: ‘No tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera’ y otras vergonzosas expresiones, refiriéndose a un grupo de jóvenes cubanos”, reza el documento.
Sin embargo, dice el OCDH, “las amenazas y el lenguaje impropios de su parlamento toman cuerpo en la represión que sufren quienes presentan iniciativas que cuestionan al gobierno, sus dictados o a un funcionario en específico”.
Asimismo, “llama la atención que el Estado que condena el asalto o irrespeto a las instituciones de otro país, tenga un parlamento, que además de no ser plural, forma parte o sea aquiescente ante la represión contra quienes utilizan los cauces institucionales”, es por ello que “le hacemos un llamado para que se ponga fin a estas actuaciones y que el parlamento proteja a quienes desde su libertades civiles le presentan sus peticiones”, finaliza la carta abierta.
Los hechos a los que el OCDH se refiere son los siguientes:
El día 29 de abril de 2020, el ciudadano Enix Berrio Sardá presentó una solicitud en la sede de la ANPP para que revisara y declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto-Ley No. 370. La petición se basaba en el derecho consignado en el artículo 61 de la Constitución, el cual establece que los ciudadanos tienen derecho “a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley”. Para sorpresa nuestra, dos días después, el Sr. Enix Berrio fue detenido de manera arbitraria por oficiales de la policía por más de 50 horas (30 de ellas en paradero desconocido) y sometido al menos a tres interrogatorios con miembros de la contrainteligencia.
El día 8 de febrero de 2020, la ciudadana Berta Soler y el ciudadano Ángel Moya fueron detenidos por la policía cuando se disponían a entregar una solicitud de amnistía para los presos políticos cubanos a la oficina de la Asamblea del Poder Popular en La Habana.
El pasado jueves 4 de febrero de 2021, la joven historiadora del arte Carolina Barrero, miembro del grupo 27N, fue detenida en La Habana. La ciudadana Barrero, junto a Solveig Font, entregaron el miércoles 3 en las oficinas de la ANPP un escrito con la firma de 1 255 cubanos para dar inicio a un proceso de revocación de mandato de Alpidio Alonso Grau, diputado a ese organismo, además de ministro de Cultura y miembro del Consejo de Ministros. Según ha trascendido, la joven estuvo detenida de manera arbitraria desde las nueve de la mañana en la estación de Infanta y Manglar y fue objeto de dos largos interrogatorios por parte de la contrainteligencia. Fue liberada 10 horas después.
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